El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas al inicio del nuevo gobierno. En su análisis, el organismo sostuvo que la administración que arranca encabezado por Abelardo de la Espriella hereda un país con un déficit fiscal elevado y una deuda pública que se ubica en niveles máximos, según el reporte recogido por la Agencia de Periodismo Investigativo.
El CARF es la entidad técnica encargada de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal en Colombia y de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las cuentas públicas. Su pronunciamiento llega en un momento sensible, porque coincide con el empalme entre la administración saliente y el nuevo gabinete, cuando se discuten los primeros lineamientos económicos.
De acuerdo con el informe, para devolver las cuentas a un sendero sostenible se requeriría un ajuste del orden del 4,8% del Producto Interno Bruto. Esa cifra, expresada como proporción del tamaño de la economía, es una de las más altas que ha mencionado un organismo técnico en los últimos años y suele traducirse en recortes de gasto, aumento de ingresos o una combinación de ambos.
El diagnóstico combina tres señales preocupantes. Primero, un déficit alto, es decir, que los gastos del Estado superan a sus ingresos. Segundo, una deuda pública en máximos históricos, lo que reduce el margen para nuevos endeudamientos. Tercero, la necesidad de un ajuste de gran magnitud, lo que limita las opciones de política del nuevo gobierno desde el primer día.
La advertencia del CARF se inscribe en una discusión de fondo sobre la regla fiscal, el mecanismo que fija límites al déficit y al endeudamiento del Gobierno nacional para evitar desequilibrios. En los últimos años ese marco ha sido suspendido, reactivado y reformado en distintas ocasiones, lo que ha generado debate sobre su credibilidad y su capacidad para anclar las expectativas.
Para la ciudadanía, las implicaciones son directas. Un ajuste fiscal de esa magnitud suele traducirse en menor espacio para gasto público en sectores como salud, educación, infraestructura y programas sociales. También puede presionar al alza las tasas de interés y afectar el costo del crédito, en un momento en que las familias y las empresas todavía cargan con los efectos de la inflación reciente.
En el frente institucional, el reporte del CARF llega en plena transición. El nuevo gobierno deberá definir si busca un acuerdo con el Comité, si plantea una reforma tributaria o un recorte de gasto, o si solicita nuevamente la activación de cláusulas de escape. Cada ruta tiene costos políticos y sociales distintos y requiere mayorías en el Congreso.
En materia de inversión, el diagnóstico introduce cautela. Con una deuda en niveles altos, el margen para emitir nuevos títulos o respaldar megaproyectos con garantía nacional se reduce, lo que afecta tanto al sector privado como a las entidades territoriales que dependen de transferencias.
El CARF no formuló en esta alerta un juicio de valor sobre la gestión saliente. Su pronunciamiento se concentró en describir los indicadores y en dimensionar el ajuste requerido, dejando en manos del nuevo gobierno la decisión sobre cómo y cuándo aplicarlo.
Quedan pendientes varios pasos. El gobierno entrante deberá presentar su propio diagnóstico fiscal, negociar con el CARF una ruta de ajuste y, en paralelo, enviar al Congreso el marco fiscal de mediano plazo, pieza clave para que los mercados y los organismos multilaterales calibren la capacidad de pago del país.