El presidente Abelardo de la Espriella planteó la posibilidad de conceder beneficios judiciales a personas investigadas en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que aporten información verificable sobre actos de corrupción atribuidos al gobierno de Gustavo Petro. La propuesta fue dada a conocer por el medio CAMBIO Colombia.
El caso UNGRD sacudió a la opinión pública desde 2023, cuando se conocieron denuncias sobre el manejo irregular de contratos destinados a atender emergencias en regiones afectadas por lluvias y desastres. Las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades en la adjudicación de millonarios contratos y a la entrada de recursos no contabilizados a campañas políticas.
La estrategia basada en delaciones premiadas no es nueva en el sistema penal colombiano. La Fiscalía y la Corte Suprema han usado figuras como el principio de oportunidad y los beneficios por colaboración eficaz para obtener información en casos de gran complejidad, incluidos los relacionados con grupos armados y redes de corrupción administrativa.
Según la propuesta, los investigados que aporten pruebas concretas sobre la participación de exfuncionarios o contratistas podrían acceder a reducciones de pena, colaboración con la justicia o incluso la suspensión de procesos, dependiendo de la calidad y el impacto de la información entregada. El alcance exacto depende de lo que aprueben el Congreso y los jueces competentes.
La figura aplicaría a quienes estén vinculados formalmente a las investigaciones que se desprenden del expediente UNGRD. Entre los señalados en el proceso figuran exdirectivos de la unidad, intermediarios y exfuncionarios que habrían participado en la estructuración de los convenios cuestionados por los organismos de control.
El anuncio llega cuando la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzan en la recolección de pruebas y en la práctica de testimoniales dentro del expediente. Sectores políticos han pedido en los últimos meses profundizar las pesquisas para determinar eventuales responsabilidades de quienes tomaron las decisiones de contratación en la UNGRD.
Para los ciudadanos, el desenlace del caso resulta relevante por el volumen de recursos públicos comprometidos. La UNGRD es la entidad encargada de coordinar la respuesta a desastres naturales en Colombia, y los dineros manejados durante la emergencia encarecen, en la práctica, la atención a comunidades vulnerables que dependen de esa ayuda estatal.
La propuesta de De la Espriella se inscribe en su discurso de lucha contra la corrupción, una de las banderas centrales de su campaña. Ahora corresponde al Congreso y a la Fiscalía evaluar la viabilidad jurídica de los beneficios, y a los jueces decidir, caso por caso, si la información entregada cumple los requisitos para acceder a las rebajas contempladas en la ley.
Queda pendiente conocer los detalles formales del proyecto y si contempla modificaciones al Código de Procedimiento Penal o se apoya en los mecanismos ya existentes. Mientras tanto, las partes investigadas pueden decidir si colaboran con la justicia a cambio de beneficios, en una etapa clave del proceso.