El presidente Abelardo de la Espriella anunció a través de su cuenta en Facebook la muerte de Naín Pérez Toncel, conocido con el alias de “El Bendito Menor”. El hecho ocurrió durante un operativo realizado en una vivienda del exclusivo barrio Los Olivos, en la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira. La fecha confirmada por el propio presidente fue este viernes 4 de septiembre.
De acuerdo con el mensaje publicado por el mandatario, en el mismo operativo también murió otra persona cuya identidad no fue detallada en el extracto difundido por la fuente. La información oficial proviene directamente de la cuenta de Facebook del presidente de la Espriella, quien asumió el liderazgo del Ejecutivo colombiano.
Riohacha es la capital de La Guajira, un departamento fronterizo con Venezuela donde en los últimos años distintas estructuras criminales han disputado el control de rutas de contrabando, narcotráfico y otras economías ilegales. La presencia de cabecillas urbanos en zonas residenciales como el barrio Los Olivos ha sido motivo de preocupación para las autoridades regionales y para la población civil.
La muerte de un cabecilla en un operativo de esta naturaleza suele impactar las estructuras de mando de los grupos a los que pertenecía. Las fuerzas de seguridad, en coordinación con la Fiscalía, deben ahora confirmar la identidad plena del fallecido, sus antecedentes judiciales y los vínculos con organizaciones delincuenciales que se le investigaban, así como esclarecer las circunstancias en las que perdió vida la segunda persona.
La confirmación presidencial ocurrió el mismo día del operativo, lo que refleja la importancia política que el gobierno le otorga a los golpes contra cabecillas en zonas urbanas. En gobiernos anteriores, los anuncios sobre resultados operativos de alto impacto suelen difundirse por canales oficiales como Presidencia o los ministerios de defensa y del interior, además de las redes sociales del jefe de Estado.
La ciudadanía en Riohacha y en La Guajira sigue de cerca este tipo de acciones porque afectan directamente su seguridad cotidiana. Más allá del resultado puntual, los habitantes de zonas residenciales afectadas suelen preguntar si las operaciones se desarrollan con protocolos que minimicen riesgos para vecinos, comercios y familias que viven cerca de los lugares intervenidos.
Según la fuente consultada, el presidente no entregó más detalles sobre la operación, por lo que queda pendiente la comunicación oficial de las autoridades competentes sobre el desarrollo del procedimiento, las fuerzas que participaron, las armas o elementos incautados y la identidad de la otra persona fallecida. También se espera la confirmación de capturas o judicializaciones derivadas del operativo.
En las próximas horas se conocerán los pronunciamientos de la Fiscalía General de la Nación y de la fuerza pública responsable de la operación, así como las reacciones de organizaciones de derechos humanos y de líderes locales que suelen pedir transparencia sobre operativos en zonas residenciales. El gobierno deberá informar si hay investigaciones disciplinarias o penales en curso por la segunda muerte registrada.