La operación militar se ejecutó en zona rural del departamento de Guaviare por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella, según informó El Colombiano. En el hecho murió Juan Antonio Agudelo Salazar, conocido con el alias de Urías Perdomo, una figura clave dentro de la estructura armada que comanda alias Calarcá.
Urías Perdomo era considerado el segundo al mando en la organización de Calarcá, uno de los nombres más antiguos dentro del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Su rol como coordinador lo había convertido en pieza permanente de las decisiones militares y políticas de esa facción.
El dato que más llamó la atención es que, pese a su trayectoria armada, Agudelo Salazar aparecía registrado como gestor de paz durante la administración de Gustavo Petro. Esa figura, prevista en la ley colombiana, permite a personas vinculadas a organizaciones armadas participar en espacios de diálogo sin que ello implique, por sí mismo, beneficios jurídicos automáticos.
La doble condición de jefe armado y gestor de paz abrió preguntas inmediatas sobre los filtros y mecanismos de seguimiento que se aplicaron a quienes entraron en ese rol durante el gobierno anterior. El Colombiano reportó la coincidencia, y la noticia deja en evidencia la complejidad de compatibilizar figuras de diálogo con operaciones ofensivas.
El Guaviare es uno de los departamentos con mayor presencia de las disidencias del Estado Mayor Central y escenario recurrente de operaciones de la Fuerza Pública. La ofensiva ordenada por de la Espriella se inscribe en la estrategia de presión militar sobre los comandos que aún controlan territorio en esa región del sur del país.
La muerte de Urías Perdomo representa un golpe a la línea de sucesión de Calarcá. Al ser su principal hombre de confianza, la estructura pierde a quien articulaba tropas, finanzas y contactos políticos en la zona, lo que obliga a una reorganización interna en el bloque.
Desde la institucionalidad, el hecho se reportó como resultado de una operación de las Fuerzas Militares. Hasta ahora no se conocieron pronunciamientos oficiales de voceros del Estado Mayor Central ni reacciones públicas del gobierno anterior frente a la figura de gestor de paz que ostentaba el fallecido.
Quedan pendientes al menos dos frentes. Uno es la verificación de las circunstancias exactas de la operación en terreno. El otro es el efecto que la baja tenga sobre los espacios de conversación que el Estado adelantaba con facciones disidentes y sobre la confianza en los procesos de paz locales.