El Centro Democrático anunció publicly que solicitará al Congreso de la República devolver al Gobierno el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente a la vigencia 2027. Según la bancada, el documento presenta un faltante de 30 billones de pesos en su financiación, una cifra que, de confirmarse, pondría en riesgo la ejecución de programas y obligaciones del Estado durante el próximo año.
El Presupuesto General de la Nación es la ley anual mediante la cual el Gobierno fija los ingresos y los gastos que puede realizar el Estado durante una vigencia fiscal. En él se incluyen partidas para sectores como salud, educación, defensa, infraestructura, pago de deuda y funcionamiento de las entidades públicas. Por eso, cualquier desajuste entre lo aprobado y los ingresos esperados suele generar alertas en el Congreso y en los sectores afectados.
La solicitud se enmarca en las primeras semanas del nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, periodo en el que la discusión presupuestal se vuelve un escenario de presión política entre el Ejecutivo y las bancadas legislativas. Devolver un proyecto presupuestal es una decisión que adopta el Congreso cuando considera que el texto requiere ajustes sustanciales antes de continuar su trámite.
Desde la oposición, el Centro Democrático argumenta que el desfinanciamiento afectaría rubros sensibles para los ciudadanos y comprometería el cumplimiento de metas sociales y de inversión. La bancada no descarta que, de prosperar la devolución, se abra una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda para revisar las partidas y las fuentes de ingreso contempladas en el proyecto.
La petición también pone la lupa sobre la elaboración técnica del presupuesto, un documento que suele construirse con base en proyecciones macroeconómicas, ingresos tributarios, rentas parafiscales y recursos de crédito. Una diferencia de 30 billones de pesos entre lo calculado y lo efectivamente disponible es un margen significativo, considerando que el presupuesto nacional suele medirse en cientos de billones anuales.
En el trámite legislativo, el proyecto ya cursa su revisión en las comisiones económicas del Congreso, donde se debaten las propuestas de modificación presentadas por las distintas bancadas. Si la solicitud de devolución prospera, el Gobierno tendría que radicar un nuevo texto o una adición corregida antes de que se cumplan los plazos legales para la aprobación del presupuesto.
Para los ciudadanos, el efecto práctico es directo: del Presupuesto dependen las transferencias a regiones, los recursos para la salud pública, la educación, la seguridad y los programas sociales. Un presupuesto desfinanciado puede traducirse en recortes, atrasos en giros o congelación de proyectos, lo que afecta la prestación de servicios en los territorios.
El llamado del Centro Democrático reabre además el debate sobre el rol del Congreso en la vigilancia fiscal. La Constitución le atribuye a esta corporación la facultad de modificar el presupuesto, pero también la responsabilidad de aprobar un instrumento financieramente viable. Devolverlo es, en la práctica, una señal de que el Legislativo considera que el proyecto no cumple esos requisitos.
Por ahora, la iniciativa está en fase de recolección de apoyos entre otras bancadas. El resultado dependerá de cuántas fuerzas políticas se sumen a la petición y de la postura que adopten los partidos de gobierno y las comisiones económicas en las próximas sesiones. Queda pendiente la respuesta oficial del Ministerio de Hacienda y del nuevo gobierno frente a las cifras cuestionadas por el Centro Democrático.