El Centro Democrático presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el sistema de juzgamiento a miembros de la Fuerza Pública en el marco del acuerdo de paz. La propuesta plantea que las sentencias que la Jurisdicción Especial para la Paz profiera contra militares y policías sean evaluadas de manera automática por el Tribunal Superior Militar y Policial.
De acuerdo con el extracto de la iniciativa, la revisión se haría bajo los criterios del Derecho Internacional Humanitario, el cuerpo de normas que regula la conducta de los actores armados en conflicto y que distingue, entre otros aspectos, las responsabilidades de combatientes y civiles.
La Jurisdicción Especial para la Paz entró en funcionamiento como el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el acuerdo de 2016. Su mandato incluye investigar y sancionar las graves violaciones cometidas por todos los actores del conflicto, incluidos integrantes de la Fuerza Pública.
La competencia penal militar en Colombia está radicada en la Justicia Penal Militar y Policial, cuya cúpula es el Tribunal Superior Militar y Policial. Este tribunal conoce, en principio, de las conductas de los uniformados que no constituyan violaciones a derechos humanos ni al derecho internacional humanitario, y por ello suele operar bajo un fuero separado del ordinario.
El proyecto se inscribe en un debate de larga data sobre el trato diferenciado entre agentes del Estado y excombatientes dentro de la justicia transicional. Sectores políticos y de las Fuerzas Militares han reclamado en los últimos años que los uniformados afrontan investigaciones bajo estándares similares a los de miembros de organizaciones armadas ilegales, lo que consideran una asimetría.
La iniciativa deberá ahora surtir el trámite legislativo: superar ocho debates en Senado y Cámara y obtener la mayoría absoluta en cada célula. Las reformas a la Constitución requieren, además, el aval previo del Ministerio de Hacienda cuando implican gasto público, trámite que en este tipo de proyectos sobre la JEP suele ser objeto de discusión.
Si la reforma avanza, sus efectos alcanzarían a los uniformados que son procesados o sancionados por conductas ocurridas en el contexto del conflicto armado interno. La revisión automática por parte del Tribunal Superior Militar añadiría una segunda instancia especializada dentro del propio fuero castrense antes de que las decisiones queden en firme.
Desde la Jurisdicción Especial para la Paz y organizaciones de víctimas han expresado en debates previos su preocupación por cualquier modificación que reduzca la autonomía del tribunal de paz. El texto radicado por el Centro Democrático queda ahora en manos del Congreso, donde deberá debatirse en las próximas legislaturas.