El Centro Democrático radicó un proyecto de ley que le otorgaría al presidente Abelardo de La Espriella una ventana extraordinaria de seis meses para reorganizar la estructura ministerial del Estado. La propuesta permitiría fusionar ministerios sin necesidad de pasar por el trámite ordinario de aprobación en el Congreso de la República.
Según el extracto de la iniciativa, el objetivo es facilitarle al Gobierno su intención de reducir el número de ministerios. La reorganización administrativa ha sido una de las banderas del Ejecutivo en sus primeros meses de mandato, con el argumento de buscar mayor eficiencia en el gasto público.
La figura legal planteada se conoce como facultades extraordinarias, un mecanismo previsto en la Constitución para casos de necesidad pública. Con estas facultades, el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley en materias específicas y por un tiempo limitado, sin que el Congreso tenga que votar cada decisión de manera individual.
El proyecto fue radicado por el Centro Democrático, partido que ha apoyado las principales reformas del Gobierno en el Legislativo. La bancada ha sido clave en la conformación de mayorías para las iniciativas que el Ejecutivo ha presentado desde el inicio del período presidencial.
La reducción de ministerios es un debate que ha acompañado a varias administraciones en Colombia. Gobiernos anteriores han argumentado que un número menor de carteras permite tomar decisiones más ágiles y reducir el tamaño de la burocracia, aunque críticos han señalado que también puede afectar la atención de sectores específicos.
De aprobarse el proyecto, el presidente De La Espriella contaría con seis meses para expedir los decretos de fusión. Durante ese período podría unificar funciones que hoy están repartidas entre distintas carteras, lo que implicaría ajustes en planta de personal, presupuesto y competencias de cada entidad.
La iniciativa deberá surtir el trámite legislativo en comisiones y plenarias de Cámara y Senado. Los debates podrían concentrarse en qué ministerios serían objeto de fusión y qué garantía tendrían los programas sociales y las funciones de regulación que hoy ejerce cada cartera.
Por ahora, el proyecto quedó radicado y su suerte depende de la votación en el Congreso. Si avanza, el Gobierno tendría una herramienta adicional para ejecutar su promesa de reorganizar el Estado en los próximos meses.