Iván Cepeda, excandidato presidencial por la izquierda colombiana, cuestionó este miércoles las primeras medidas de seguridad dadas a conocer por el presidente electo Abelardo de la Espriella, según reportó la agencia EFE. El líder político sostuvo que el contenido de esas decisiones representa una amenaza para el Estado de derecho y para los derechos humanos en Colombia.
De acuerdo con el extracto publicado por HolaNews, Cepeda aseguró que "Colombia comienza a tener la configuración de un gobierno" orientado en una dirección que, a su juicio, pone en riesgo garantías constitucionales. Sus declaraciones se producen en un contexto de expectativa nacional por las líneas maestras que definirá el Ejecutivo que asumirá el poder tras las elecciones.
La seguridad ha sido uno de los ejes centrales del discurso de Abelardo de la Espriella durante la campaña y en los primeros días posteriores a su elección. El presidente electo ha planteado reforzar la fuerza pública, dar herramientas legales a las Fuerzas Militares y endurecer el tratamiento de delitos como el narcotráfico y la extorsión. Esas líneas, según Cepeda, abren la puerta a un debilitamiento de los controles institucionales sobre la fuerza pública.
El senador y excandidato pertenece a un sector político que ha sido crítico de las políticas de seguridad de corte militarista y ha promovido en el Congreso un enfoque basado en derechos humanos, justicia transicional y diálogo con comunidades afectadas por el conflicto. Su pronunciamiento llega cuando todavía no se ha instalado formalmente el nuevo Congreso ni se han posesionado los nuevos gabinetes ministeriales.
En materia de impacto ciudadano, las medidas de seguridad tienen efectos directos sobre la vida cotidiana de los colombianos. Decisiones sobre porte de armas, tratamiento de menores de edad en conflicto con la ley, uso de la fuerza por parte de la Policía y cooperación con Fuerzas Militares en operaciones urbanas tocan derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y la libertad de expresión. Cualquier giro en esas áreas suele generar reacciones en organizaciones de derechos humanos y en la comunidad internacional.
La posición de Cepeda no es aislada. Sectores académicos, organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas y plataformas de derechos humanos han advertido, en otras coyunturas, sobre los riesgos de concentrar funciones de policía judicial en la jurisdicción penal militar o de debilitar la independencia de la Fiscalía. Esas voces suelen citar estándares de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como límites a la acción del Ejecutivo en esa materia.
Desde el equipo del presidente electo no se ha conocido, hasta el momento de publicación de la nota de HolaNews, una respuesta oficial a los señalamientos de Cepeda. En transiciones recientes, el diálogo entre el gobierno entrante y las bancadas de oposición ha sido un factor clave para definir la viabilidad de proyectos como la reforma a la justicia, cambios al Código de Policía o modificaciones a la ley de orden público.
Quedan varios asuntos pendientes en el corto plazo. El primero es la presentación formal del plan de seguridad del nuevo gobierno, que suele acompañarse del diseño del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. El segundo, la escogencia del nuevo comandante general de las Fuerzas Militares y del director de la Policía Nacional, decisiones que requieren coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional. El tercero, el debate en el Congreso sobre eventuales reformas legales que se derivarán de las medidas anunciadas.
Por ahora, la controversia entre Cepeda y el gobierno electo marca la primera pulseada política del nuevo ciclo. La manera como se tramite esa discusión en las próximas semanas dará señales sobre el grado de apertura del Ejecutivo al control político y sobre el margen de maniobra que tendrán las voces disidentes en el nuevo período presidencial.