El senador del Pacto Histórico rechazó las acusaciones que señalan que estaría promoviendo actos vandálicos en Barranquilla, Cali y Bogotá. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, el congresista defendió el activismo ciudadano como una expresión democrática y aseguró que las concentraciones previstas para el 7 de agosto se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta.
La respuesta del senador se dirigió de manera directa al presidente Abelardo de la Espriella, a quien le salió al paso con la frase "estaremos con el pueblo". El mandatario había cuestionado el contenido de las convocatorias, al sugerir que detrás de las marchas habría intención de alterar el orden público en las tres ciudades mencionadas.
Las jornadas del 7 de agosto han generado un cruce de versiones entre el Gobierno nacional y sectores de la oposición. Mientras desde el Ejecutivo se habla de riesgos de vandalismo y de afectaciones a la seguridad y la movilidad, los promotores de las marchas insisten en que se trata de ejercicios cívicos sin vocación de violencia.
El Pacto Histórico, como bancada de oposición, ha mantenido una postura crítica frente a varias decisiones del actual gobierno. En este contexto, la defensa pública de las concentraciones refuerza el papel del partido como principal voz de contraste en el Congreso frente a las políticas del Ejecutivo encabezado por De la Espriella.
Barranquilla, Cali y Bogotá, las ciudades donde se prevén las concentraciones, son los principales centros urbanos del país. Cualquier movilización en estas plazas tiene impacto sobre la movilidad, el comercio y la actividad institucional, por lo que las autoridades locales y nacionales suelen desplegar dispositivos especiales de seguridad y gestión del orden público.
El derecho a la protesta pacífica está consagrado en la Constitución colombiana y ha sido objeto de múltiples debates en las últimas décadas, tanto en la jurisprudencia de la Corte Constitucional como en la legislación estatutaria. Los gobiernos, sin importar su orientación política, suelen llamar la atención sobre los límites de ese derecho cuando se presentan hechos de violencia en las marchas.
Desde la óptica del senador Cepeda, descalificar las protestas como vandálicas antes de que ocurran constituye, a su juicio, una forma de deslegitimar el disentimiento ciudadano. El congresista ha pedido que se diferencie entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes eventualmente cometan alteraciones al orden público, responsabilidad que debe recaer en los individuos y no en los convocantes.
Por ahora, las organizaciones promotoras de la jornada del 7 de agosto no han reportado alteraciones a los planes de movilización. Queda por verse si el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y de las alcaldías de las tres ciudades, adopta medidas preventivas adicionales o si el diálogo directo con los organizadores permite encauzar la jornada dentro de los marcos legales.
El cruce de declaraciones entre el presidente De la Espriella y el senador Cepeda deja abierta una pulseada política que se medirá en las calles el 7 de agosto y que, según analistas consultados en otras ocasiones, suele servir como termómetro de la relación entre el Ejecutivo y la oposición en Colombia.