El senador Iván Cepeda se pronunció de forma pública sobre los anuncios en materia de seguridad divulgados por el gobierno que preside Abelardo de la Espriella y los calificó como una amenaza al orden democrático. La declaración fue reseñada por el portal CW+, que tituló su nota con la frase “se está configurando un gobierno paramilitar”.
De acuerdo con la información publicada por la fuente, el congresista aseguró que esas decisiones abren la puerta a un escenario institucional preocupante. La acusación ocurre en medio del arranque del nuevo periodo de gobierno, una etapa en la que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los ministerios de Defensa y del Interior suelen reordenar sus prioridades y estratégias.
Colombia tiene una historia larga y documentada con el paramilitarismo, especialmente durante las décadas de los años 80 y 90, cuando grupos armados ilegales financiados por sectores privados y con vínculos con agentes del Estado cometieron masacres, desplazamientos y asesinatosselectivos. Esa memoria es la que el senador Cepeda evocó al hablar de “gobierno paramilitar”, una expresión que en el lenguaje político del país suele asociarse con la connivencia entre agentes oficiales y estructuras armadas ilegales.
En los últimos años, antes del cambio de gobierno, las discusiones sobre seguridad se habían centrado en la llamada “paz total”, la implementación de los acuerdos con las antiguas FARC y los diálogos con el ELN. La llegada a la Casa de Nariño de Abelardo de la Espriella abrió un nuevo capítulo, con énfasis en la fuerza pública y en la lucha contra organizaciones criminales como el Clan del Golfo y bandas dedicadas al narcotráfico.
La reacción del senador Cepeda se inscribe en la dinámica propia del debate democrático entre las ramas del poder público y el Congreso de la República. Los anuncios del Ejecutivo en materia de orden público suelen generar posturas divididas entre los distintos partidos, y el papel del Senado incluye el control político y la fiscalización a las decisiones del presidente y su gabinete.
Por ahora, el gobierno nacional no ha emitido, según la fuente, una respuesta formal a las declaraciones del senador. Queda por verse si el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o la Presidencia en cabeza de Abelardo de la Espriella se pronuncian sobre el contenido de la acusación o entregan detalles sobre los alcances de los recientes anuncios en seguridad.
La ciudadan activations seguirá atenta al cruce de versiones entre el gobierno entrante y la oposición, en especial porque el debate sobre el rol de la fuerza pública, la protección de los derechos humanos y la arquitectura institucional son temas que tocan de manera directa la vida cotidiana en regiones azotadas por la violencia y por la presencia de grupos armados ilegales.
El episodio deja sobre la mesa una pregunta incómoda para el nuevo gobierno: cómo demostrar que sus políticas de seguridad se ajustan al marco constitucional sin generar lecturas de militarización o de connivencia con estructuras ilegales. Esa tarea, según analistas políticos consultados en distintas ocasiones, suele definir la legitimidad del primer año de cualquier administración en Colombia.