El pronunciamiento del ministro de Minas y Energía abrió un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno saliente y el equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. Según reportó 360 Radio, el jefe de la cartera advirtió que la ausencia de coordinación pone en riesgo la estabilidad eléctrica del país en un momento marcado por alta demanda y variabilidad climática.
El ministerio gestiona el sistema eléctrico a través de entidades como XM, operador del mercado y administrador del Sistema Interconectado Nacional, y del Consejo Nacional de Operación, donde se toman decisiones en tiempo real sobre generación, transmisión y distribución. Cualquier vacío en la cadena de mando durante el empalme puede traducirse en demoras para activar planes de contingencia o para responder a eventos como sequías, bajas afluencias en embalses o paradas no programadas de plantas térmicas.
La advertencia se produce en el marco de una alerta por estrés climático que el propio Gobierno saliente ha comunicado en las últimas semanas. El fenómeno de El Niño y los cambios en los patrones de lluvia afectan los niveles de los embalsas y la disponibilidad de energía hidráulica, que representa más de dos tercios de la matriz colombiana. En temporadas críticas, una decisión tardía puede forzar recortes o restricciones de suministro.
Desde el ministerio también se recordó que el sector cuenta con una reserva de capacidad y esquemas de respuesta ante emergencias, pero estos dependen de que las instrucciones lleguen sin tropiezos entre los equipos técnicos. La transición de mando entre un Gobierno y otro es una ventana sensible, porque durante esos días se cruzan nombramientos, solicitudes de información y reportes operativos que pueden congestionarse si no hay un canal único de comunicación.
El equipo de empalme de De la Espriella no había respondido, hasta el momento de la publicación de la nota, a la acusación pública del ministro. En procesos de transición anteriores, la figura del empalme ha funcionado como un puente técnico para que los nuevos funcionarios conozcan el estado real de los proyectos y los riesgos abiertos. La situación añade un componente político a un debate que suele ser netamente técnico.
La preocupación también llega a los hogares y a la industria. Una falla en la coordinación del despacho eléctrico puede traducirse en interrupciones del servicio en regiones donde la demanda crece, en sobrecostos para empresas que dependen de suministro constante y en incertidumbre para los inversionistas del sector. La prestación del servicio depende de la articulación operativa entre entidades nacionales, regionales y operadores privados.
En el plano institucional, el episodio reabre el debate sobre cómo se diseñan los empalmes en sectores sensibles. Expertos en transición energética coinciden, según se ha planteado en otros momentos, en la necesidad de protocolos claros de transferencia de información, especialmente en áreas estratégicas como la regulación de tarifas, la expansión de la red y el manejo de activos del Estado.
Por ahora, el país queda a la expectativa de que el equipo entrante y el Gobierno saliente resuelvan sus diferencias en privado y aseguren la continuidad operativa del sistema eléctrico. La prioridad declarada por ambas partes es mantener la prestación del servicio, pero la forma en que se dirima este choque podría sentar un precedente sobre el tono de la relación institucional durante los próximos meses.