El Centro Democrático, partido de oposición, elevó este jueves una advertencia directa al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Según Infobae, el dirigente Christian Garcés sostuvo que existen al menos cinco creadores de contenido cercanos al presidente electo que, en los últimos seis meses, han estado “maltratando” a la colectividad en redes sociales.
Garcés fue más allá y lanzó un mensaje corto al Ejecutivo: “No esperen”. La frase, recogida por Infobae, se interpreta como un pedido para que el Gobierno reaccione pronto y no tolere lo que el partido considera una campaña de hostigamiento digital dirigida contra sus militantes y símbolos.
El episodio ocurre en un momento sensible para la política colombiana. Espriella acaba de ser elegido presidente y aún no termina de armar su gabinete, mientras el Centro Democrático se mueve como uno de los principales partidos de oposición en el Congreso. La relación entre ambos bloques suele ser tensa y estos pronunciamientos suelen anticipar roces legislativos.
Los creadores de contenido afines a presidentes han ganado peso en Colombia en los últimos años. Muchos superan los millones de seguidores en TikTok, YouTube y X, y sus opiniones suelen marcar la conversación política del día. Por eso, cuando un partido los señala, el tema pasa rápido del mundo digital al debate público.
La queja concreta del Centro Democrático es que esas cinco cuentas han dedicado publicaciones y videos a criticar al partido, a sus figuras y a sus posiciones en debates recientes. Garcés no entregó nombres en el extracto publicado por Infobae, pero pidió al Gobierno tomar cartas en el asunto, sin precisar de qué forma.
Desde la óptica ciudadana, el caso toca un tema sensible: los límites entre opinión política, difamación y libertad de expresión. En Colombia, la jurisprudencia ha protegido con fuerza la libre expresión, aunque también ha sancionado campañas de odio o señalamientos sin pruebas. La respuesta del Gobierno definirá si opta por la vía política, la legal o el silencio.
Por ahora, el Ejecutivo de Espriella no se ha pronunciado de forma pública sobre esta advertencia. En anteriores gobiernos, quejas similares terminaron en comunicados de respaldo a la libertad de prensa o, en casos extremos, en acciones judiciales por injuria o calumnia. Queda por ver qué camino elige esta administración.
El episodio deja dos tareas pendientes. Una es política: cómo dialoga un Gobierno que llega con apoyo de creadores de contenido con un partido que se siente atacado por ellos. La otra es institucional: si el Ministerio Público, la Comisión de Regulación de Comunicaciones o la justicia ordinaria deberían entrar a revisar los mensajes denunciados.
La presión, según el tono del mensaje de Garcés, apunta a una reacción pronta. “No esperen” sugiere que el Centro Democrático no descarta escalar el caso en el Congreso o en los tribunales si no ve una respuesta en los próximos días. Infobae seguirá informando sobre los siguientes movimientos de ambas partes.