El Clan del Golfo respondió públicamente al ultimátum que el presidente Abelardo de la Espriella había dirigido a los grupos armados organizados que operan en el país. Según la información publicada por El Espectador, la estructura criminal condicionó cualquier acercamiento a que el Estado le ofrezca garantías para un proceso de sometimiento a la justicia.
El grupo armado, considerado la mayor organización criminal de origen paramilitar activa en Colombia, volvió a expresar su intención de mantener una mesa de negociación con el Gobierno. Esa mesa de diálogo ha sido uno de los puntos centrales de la política de paz del actual Ejecutivo, que combina la oferta de sometimiento con operativos de fuerza contra las estructuras que no se acojan al proceso.
La figura del sometimiento, contemplada en la Ley 2272 de 2022, permite a integrantes de organizaciones criminales entregar información, reparar a las víctimas y cesar actividades ilícitas a cambio de beneficios jurídicos definidos por un juez. La ley fija como principio la verdad, la reparación y la no repetición, y deja en manos de la jurisdicción ordinaria la verificación de los compromisos.
La petición de garantías por parte del Clan del Golfo reaviva un debate de fondo: qué tipo de condiciones son admisibles en un proceso de sometimiento. Sectores políticos y organizaciones de víctimas han insistido en que cualquier acuerdo debe partir del reconocimiento de los hechos victimizantes y de la obligación de reparar, no de concesiones que debiliten el aparato judicial.
La respuesta llega en un momento sensible para la seguridad en regiones como Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre, donde el Clan del Golfo disputa el control territorial con otras estructuras y enfrenta operaciones de la Fuerza Pública. Los habitantes de esas zonas son los principales afectados por los enfrentamientos, los confinamientos y las restricciones a la movilidad.
Desde el Gobierno se ha sostenido que la puerta al diálogo está abierta, pero que las conversaciones no suspenden las operaciones militares ni las órdenes de captura vigentes. La posición oficial apunta a que el sometimiento debe ocurrir dentro del marco legal y sin privilegios frente a la justicia ordinaria.
Por ahora, el desenlace depende de si las partes logran acordar un mecanismo de interlocución que resulte aceptable para el Ejecutivo, las víctimas y los organismos de seguridad. El próximo paso será la instalación formal de la mesa o, en su defecto, la continuidad de la presión militar sobre la organización, según lo que reporta la fuente.
El Espectador documenta que la comunicación del Clan del Golfo incluye la reiteración de su disposición a conversar, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos acercamientos. Hasta tanto no se conozcan los términos concretos de la negociación, el país permanece atento a cómo se traducirá esa voluntad en hechos verificables.