La mesa de diálogo con los Comuneros del Sur fue clausurada, según el reporte de El Espectador. El proceso, que buscaba acercar al Gobierno nacional con esta organización, queda así en un punto crítico tras el cierre de la mesa.
Andrei Gómez Suárez, quien participó como negociador por la administración Petro en esa mesa, conversó con El Espectador sobre lo que se logró en las sesiones y lo que está en riesgo. Su testimonio ofrece una mirada desde dentro del equipo que llevó las conversaciones.
Los Comuneros del Sur son una expresión organizativa del sur del país, con presencia en zonas donde la presencia estatal ha sido históricamente débil. Los procesos de diálogo con estos grupos suelen girar en torno a demandas territoriales, condiciones de seguridad y participación política de las comunidades.
Gómez Suárez advirtió sobre los avances que se pierden con el cierre de la mesa. Según el exnegociador, incumplir lo pactado tiene implicaciones directas en la credibilidad del Estado frente a las comunidades y frente a otros grupos con los que se busca abrir conversaciones.
En Colombia, los diálogos de paz con grupos armados y organizaciones sociales han atravesado momentos de avance y de ruptura. La experiencia reciente muestra que el incumplimiento de acuerdos suele alejar a las comunidades de cualquier futuro proceso y puede abrir espacio a actores armados ilegales.
El cierre de esta mesa ocurre en un contexto nacional donde el Gobierno debe gestionar múltiples frentes de diálogo y, al mismo tiempo, responder por la seguridad en los territorios. La lectura política del cierre varía según el actor que la haga.
Para las comunidades del sur del país, la finalización abrupta de una mesa de diálogo significa volver a un escenario sin interlocución directa con el Estado. Esto afecta la atención de sus necesidades y deja sin respuesta reclamaciones acumuladas durante años.
Desde el lado del Gobierno, el cierre puede leerse como un cambio de estrategia o como una decisión derivada del incumplimiento de los compromisos pactados. El Espectador recoge la versión del exnegociador, que cuestiona justamente el cumplimiento de lo acordado.
Queda por verse si el cierre es definitivo o si se reabrirán canales de conversación. Mientras tanto, las comunidades afectadas quedan a la espera de una señal clara sobre cuál será la política del Estado hacia el sur del país y hacia los procesos de diálogo territorial.