El presidente Abelardo De la Espriella firmó el Decreto 1368 de 2026, con el que se levanta la suspensión que regía sobre el porte de armas en el país. La decisión marca un cambio en la política de armas, que durante años se mantuvo con restricciones adicionales a las previstas en el Estatuto de Vigilancia Privada.
El decreto establece nuevas condiciones para que los ciudadanos puedan portar armas en el territorio nacional. Aunque el texto completo aún es revisado por distintas instancias, la medida sustituye la suspensión previa y vuelve al esquema regulatorio anterior, en el que el porte se autoriza caso por caso, según el cumplimiento de requisitos legales.
En Colombia, el porte de armas está regulado por la Ley de Armas y Municiones y por las normas complementarias expedidas por el Ministerio de Defensa. La figura de suspensión se utiliza cuando el Gobierno considera que la situación de orden público o seguridad justifica restringir de forma temporal la facultad de portar armas de fuego, incluso a quienes cuentan con salvoconducto vigente.
El levantamiento de esa suspensión implica que los ciudadanos que cumplan los requisitos legales y tengan su permiso vigente pueden volver a portar armas en espacios públicos, sin necesidad de autorizaciones especiales derivadas de la suspensión. El control pasa de nuevo a la evaluación individual de cada solicitud ante las autoridades competentes.
La decisión generó reacciones divididas. Sectores vinculados a la seguridad privada y a la defensa personal han expresado respaldo a la medida, al considerarla una normalización del marco regulatorio. En el otro extremo, organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad ciudadana han expresado preocupación por el efecto que pueda tener en los índices de violencia y en la percepción de seguridad.
El decreto se inscribe en la política de seguridad del gobierno de De la Espriella, que ha planteado como prioridad el combate al crimen organizado y a las economías ilegales. Para sus críticos, sin embargo, permitir el porte en un país con altas tasas de homicidio puede agravar la situación. Para sus defensores, la suspensión solo beneficiaba a los delincuentes.
En lo inmediato, la medida obligará a la industria militar y a los establecimientos autorizados a ajustar inventarios y ventas, dado que se espera un aumento en la demanda de armas de fuego legales. Las autoridades competentes deberán expedir las resoluciones que permitan la aplicación práctica del decreto en el corto plazo.
Queda pendiente conocer el texto completo del Decreto 1368, los criterios técnicos que sustentaron la decisión y los mecanismos de seguimiento que se implementarán para evaluar el impacto de la medida en la seguridad ciudadana, según reportó El Colombiano.