Según reportó La Iguana TV, colectivos sociales, organizaciones campesinas y expertos en desarrollo rural expresaron su firme rechazo a la decisión del Gobierno colombiano, presidido por Abelardo de la Espriella, de retomar las fumigaciones con glifosato en zonas rurales del país. La medida había sido suspendida en años anteriores por sus cuestionados impactos ambientales y sociales.
El glifosato es un herbicida de amplio uso agrícola cuyo empleo en aspersiones contra cultivos de uso ilícito en Colombia estuvo rodeado de controversia durante décadas. Diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, han señalado sus efectos sobre la salud humana, los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad, aunque el debate científico sobre su magnitud sigue abierto.
Las organizaciones campesinas agrupadas en el rechazo temen que el reinicio de las fumigaciones afecte directamente a familias que habitan zonas de producción agrícola lícita, así como a comunidades étnicas y rurales que han construido modelos de sustitución voluntaria de cultivos. Para estos sectores, la aspersión aérea pone en riesgo cultivos de pancoger, fuentes hídricas y proyectos productivos respaldados por el Estado.
Expertos en desarrollo rural consultados por la fuente advierten que la fumigación indiscriminada ha generado históricamente desplazamiento forzado,conflictos por la tierra y ruptura de tejidos sociales en regiones donde el Estado ha tenido presencia limitada. Señalan que la medida puede contrariar los acuerdos de paz firmados en 2016, en particular lo relativo a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y a la Reforma Rural Integral.
El Gobierno nacional, por su parte, ha justificado en otras ocasiones el uso del glifosato como herramienta para reducir los cultivos ilícitos y debilitar las finanzas de grupos armados al margen de la ley. La decisión de retomar las aspersiones se produce en un contexto de presión internacional por los niveles de producción de hoja de coca y de preocupación por el incremento de la violencia en distintas regiones del país.
Desde el sector ambiental, distintas voces han recordado que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han emitido fallos que condicionan el uso del glifosato al cumplimiento de protocolos técnicos, estudios de impacto ambiental y concertación con las comunidades afectadas. El incumplimiento de esos requisitos ha sido, en el pasado, motivo de suspensión judicial de los programas de aspersión.
La protesta de los colectivos sociales se suma a la de plataformas de derechos humanos que han pedido al Gobierno reconsiderar la decisión y privilegiar las estrategias de sustitución manual y los acuerdos comunitarios. Para estas voces, el glifosato no resuelve el problema de fondo de la economía cocalera y sí profundiza la conflictividad en los territorios.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado el alcance geográfico ni el cronograma de las nuevas fumigaciones, ni los mecanismos de control que piensa implementar para evitar afectaciones a comunidades no involucradas en cultivos ilícitos. El debate queda abierto entre la administración, las comunidades rurales y los organismos de control, mientras se esperan los detalles técnicos de la anunciada reanudación de las aspersiones.