El Gobierno de Colombia informó que brindará asistencia consular y jurídica a los exmilitares nacionales que están siendo procesados por su presunta participación en el asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021. La medida fue reportada por el medio internacional El Comercio Perú, que reseñó la posición oficial de la Cancillería colombiana.
El magnicidio de Moïse ocurrió en su residencia privada en Puerto Príncipe y conmocionó a la comunidad internacional. Tras el hecho, las autoridades haitianas y la Policía Internacional (Interpol) adelantaron pesquisas que vincularon a un grupo de ciudadanos colombianos, varios de ellos con pasado militar, como parte de un comando que ingresó al país con el supuesto propósito de ejecutar una operación de seguridad privada.
Según las investigaciones conocidas hasta ahora, los exmilitares colombianos fueron contratados por una firma con sede en Estados Unidos y viajaron a Haití poco antes del crimen. Algunos de ellos han negado tener conocimiento de que el objetivo fuera el presidente, mientras que otros han asegurado que llegaron al país caribeño con una misión distinta a la finalmente ejecutada.
La asistencia consular implica que el Estado colombiano supervisará que se respeten los derechos procesales de los connacionales, verificará las condiciones de reclusión y, de ser necesario, facilitará la defensa legal. Esta figura se activa cuando un ciudadano es detenido o procesado en el extranjero y solicita apoyo de su país de origen.
El caso ha tenido repercusiones en varios frentes. En Estados Unidos, la Fiscalía federal presentó cargos contra personas vinculadas al complot, entre ellos exmilitares colombianos, por conspiración y tráfico de armas. En Haití, varios de los detenidos han sido procesados por la justicia local en medio de cuestionamientos al debido proceso y a las condiciones del sistema penitenciario.
La decisión del Gobierno colombiano se produce en un momento sensible de las relaciones bilaterales con Haití y en el marco de la cooperación judicial con Washington. Para los familiares de los exmilitares, el acompañamiento oficial representa una garantía adicional frente a un proceso que se ha extendido por más de tres años sin una resolución definitiva.
Quedan pendientes varios frentes: la definición de la jurisdicción que juzgará a los exmilitares, el eventual traslado de algunos procesados y la cooperación con las autoridades haitianas y estadounidenses para esclarecer la cadena de responsabilidades detrás del crimen. Mientras tanto, los exmilitares colombianos continúan privados de la libertad a la espera de las próximas decisiones judiciales.