El senador Iván Cepeda lanzó un llamado público a la desobediencia civil pacífica frente al gobierno que encabezará Abelardo de la Espriella, según reportó teleSUR. El legislador pidió a quienes le dieron su respaldo electoral que actúen de la misma manera frente a cualquier orden que emane de la nueva administración.
De acuerdo con la información publicada por teleSUR, Cepeda condicionó la obediencia a que el gobierno respete la condición de guardián de la Constitución Política de Colombia. En sus palabras, cualquier disposición que no se ajuste a ese rol podría ser desconocida por la ciudadanía, aunque el alcance concreto de esa convocatoria no fue precisado en el extracto disponible.
El contexto de la declaración es la transición hacia el nuevo periodo presidencial, encabezado por De la Espriella, que comienza tras las recientes elecciones en Colombia. La figura de Cepeda, senador de oposición con trayectoria en defensa de derechos humanos, le da peso político al llamado y lo convierte en una señal de alerta sobre la relación entre el Congreso y el Ejecutivo que viene.
En la práctica, una convocatoria a la desobediencia civil implica que un sector de la ciudadanía decida no acatar normas, decretos o decisiones de las autoridades, siempre dentro de mecanismos no violentos. En la historia colombiana, ese tipo de llamados se han asociado a protestas sectoriales, paros y movimientos sociales que reclaman cambios frente a decisiones del Estado.
La declaración abre un frente de tensión temprana entre el Congreso y el gobierno entrante. Sectores de oposición encuentran en este tipo de pronunciamientos una forma de fijar límites al nuevo poder ejecutivo, mientras que los defensores del gobierno elegido suelen calificarlos como intentos de obstrucción. Hasta ahora, desde la campaña de De la Espriella no se registra, en el extracto, una respuesta oficial al llamado.
Para la ciudadanía, el efecto inmediato es simbólico: instala la idea de que una parte del espectro político no reconoce de entrada la legitimidad del próximo gobierno para dictar ciertas órdenes. En términos prácticos, la eficacia de un llamado así depende de la capacidad de movilización que logren sus promotores y del tipo de decisiones que adopte la nueva administración durante sus primeros meses.
La Constitución colombiana consagra mecanismos de participación y control político, como el derecho a la protesta pacífica y la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. La línea entre la desobediencia civil legítima y la obstrucción institucional es debatida cada vez que un líder político la invoca, y suele dirimirse en los tribunales y en la opinión pública.
Queda por ver cómo reaccionará el gobierno de De la Espriella frente a este tipo de señalamientos en la etapa de empalme y en los primeros actos administrativos. También está pendiente si otros congresistas o movimientos sociales se suman a la convocatoria de Cepeda o, por el contrario, si surgen voces que la critiquen dentro de la propia oposición.