El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó este domingo que la convocatoria a la desobediencia civil contra su Gobierno, impulsada por sectores de la oposición de izquierda y por el mandatario saliente Gustavo Petro, tiene como propósito desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto, día en que asumirá la Presidencia de la República, según informó la revista Eyn.
La denuncia del presidente electo se produjo en medio de una transición presidencial que fuentes políticas y medios de comunicación han descrito como compleja, por el nivel de confrontación verbal entre el Gobierno saliente y el equipo entrante. De la Espriella vinculó directamente a Petro con la estrategia de desobediencia, una acusación que el saliente aún no ha respondido de forma pública en el extracto disponible.
La figura de la desobediencia civil ha sido utilizada a lo largo de la historia política colombiana en distintos contextos, desde movilizaciones sociales hasta llamados de líderes opositores frente a decisiones del Gobierno. En esta oportunidad, el término reaparece en el cierre del mandato de Gustavo Petro y en la antesala del período que abrirá Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones celebradas en el primer semestre del año.
Para el presidente electo, la amenaza no es solo política sino institucional. Al hablar de desestabilización de la democracia, De la Espriella enmarcó la convocatoria en un escenario de ruptura del orden constitucional. Esa lectura coloca el debate en el terreno de la legitimidad del próximo Gobierno y del derecho a la protesta, dos asuntos que han marcado la discusión pública en Colombia en los últimos años.
La oposición de izquierda que participó en la convocatoria tiene antecedentes de movilización en contra de políticas del Gobierno que considere lesivas para los derechos sociales o el proceso de paz. En esta ocasión, las razones específicas esgrimidas por quienes llaman a la desobediencia no aparecen detalladas en la fuente, por lo que el alcance exacto de la protesta es todavía objeto de conjetura.
El escenario preocupa a distintos sectores porque coincide con el empalme entre dos Gobiernos de signo político diferente. El 7 de agosto es la fecha constitucional en la que Abelardo de la Espriella recibirá la banda presidencial y empezará a ejecutar el plan de gobierno con el que ganó las elecciones, mientras el equipo saliente de Petro debe coordinar la transición institucional.
En el orden práctico, una jornada de desobediencia civil puede traducirse en bloqueas de vías, cese de actividades en entidades públicas o llamados a no acatar decisiones del nuevo Ejecutivo. El impacto depende del nivel de adhesión que logren los convocantes y de la respuesta que den las fuerzas de seguridad, dos variables que solo se podrán medir una vez arranque el nuevo mandato.
Mientras tanto, el equipo del presidente electo prepara los nombramientos ministeriales, la conformación del gabinete y la hoja de ruta de los primeros cien días. La lectura que haga De la Espriella sobre la desobediencia civil definirá el tono del diálogo inicial con los sectores opositores y con la administración Petro, en un período que arrancó con duras declaraciones cruzadas.
La revista EYN, que publicó la declaración, es un medio digital de análisis político fundado en Miami que cubre con especial énfasis la realidad colombiana y latinoamericana, por lo que su reporte llega a un público interesado en la transición desde una mirada externa. Otros medios deberán confirmar y ampliar los detalles en los próximos días.