El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, confirmó este 1 de julio la entrada en vigor de la política de austeridad fiscal que el presidente electo Abelardo de la Espriella planteó como bandera de su campaña. La declaración la entregó a la agencia Prensa Latina en Bogotá.
La austeridad fiscal es una línea de manejo del gasto público que limita incrementos presupuestarios, racionaliza compras estatales y restringe la contratación de personal por parte de las entidades del orden nacional. En Colombia, este tipo de políticas suelen discutirse al inicio de cada cuatrienio, cuando el nuevo gobierno presenta el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el proyecto de ley de presupuesto.
Gómez llega al ministerio de Hacienda como el responsable de traducir el programa de gobierno en cifras. Su papel incluye coordinar con el Banco de la República, el Ministerio de Planeación y el Congreso la formulación del presupuesto general de la nación para la vigencia siguiente, además de asegurar el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes.
La confirmación de la austeridad llega en un momento sensible para las finanzas públicas. El país atraviesa por presiones sobre el recaudo tributario y por compromisos de gasto creciente en sectores como salud, pensiones y seguridad, lo que hace que cualquier política de contención genere debate entre expertos y sectores gremiales.
Para los ciudadanos, la austeridad puede traducirse en demoras en obras públicas, ajustes en la contratación estatal y revisión de plantas de personal en ministerios y entidades descentralizadas. También abre la posibilidad de un escenario de menor endeudamiento, dependiendo de cómo se combine la contención con la consecución de recursos propios.
La agencia Prensa Latina, medio estatal cubano, reportó que la confirmación se dio en el marco de los preparativos de empalme entre el gobierno saliente y el equipo económico entrante. El empalme es el proceso formal de transición en el que se revisan cifras, proyectos en ejecución y compromisos presupuestarios pendientes.
El presidente Abelardo de la Espriella presentó la austeridad como uno de los ejes centrales de su discurso durante la campaña. Según lo confirmado por su equipo económico, la idea es que la medida empiece a aplicarse desde el primer día de gobierno, sin un periodo de gracia.
En el Congreso, el plan requerirá discusiones en las comisiones económicas para respaldar el ajuste. Tanto gremios como sindicatos y asociaciones de servidores públicos suelen pronunciarse en estas instancias sobre eventuales impactos en programas sociales y en el empleo público.
Queda pendiente conocer el decreto o la directriz presidencial con el detalle de los rubros que se ajustarán, las entidades exceptuadas y los indicadores con los que se medirá el avance. Esa información es la que determinará el alcance real de la política más allá del anuncio.