El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que el exmandatario Gustavo Petro estaría intentando dar un golpe de Estado en Colombia, de acuerdo con un reporte de RFI. La afirmación fue difundida por el medio internacional y se inscribe en una jornada de declaraciones cruzadas entre el actual Gobierno y sectores vinculados al petrismo.
De la Espriella llegó a la Casa de Nariño tras un proceso electoral que dio paso a un nuevo signo político en el poder. Desde entonces, su discurso ha estado marcado por la confrontación directa con quienes identifica como adversarios del orden institucional, y la denuncia sobre un eventual golpe de Estado se suma a esa línea retórica.
El concepto de golpe de Estado alude, en sentido estricto, a la ruptura del orden constitucional por parte de quien ejerce el poder o de sectores que buscan destituir a un gobierno elegido. En la tradición republicana colombiana, esa figura se asocia a episodios como el golpe militar del 13 de junio de 1953, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, que derrocó al presidente Laureano Gómez.
La acusación de De la Espriella contra Petro no precisa, en el reporte de RFI, los mecanismos concretos que, según el Gobierno, configurarían el supuesto golpe. Tampoco se detallan actos, decisiones administrativas ni movimientos de fuerza que sustenten la denuncia, por lo que el alcance de la afirmación depende de declaraciones posteriores del propio Ejecutivo o de las reacciones del exmandatario y su movimiento político.
El contexto inmediato incluye una relación institucional atravesada por la polarización. Sectores cercanos a Petro han cuestionado decisiones del nuevo Gobierno y han acusado un eventual rompimiento del acuerdo político alcanzado tras las elecciones, mientras que el Gobierno de De la Espriella ha reiterado que defenderá la institucionalidad y el resultado de las urnas.
La gravedad de la palabra golpe de Estado obliga a leer la declaración con cuidado. Acusar a un exmandatario de esa conducta no solo tiene consecuencias políticas, también puede derivar en investigaciones formales si se elevan denuncias ante la Fiscalía o ante la Corte Suprema de Justicia, instancias competentes para examinar eventuales delitos contra el orden constitucional.
La oposición y los movimientos ciudadanos observan el cruce de declaraciones con atención. En Colombia, la independencia de poderes y la autonomía de la Fuerza Pública han sido temas sensibles desde los intentos de reforma y de intervención electoral que se han discutido en los últimos años, y cualquier señalamiento de ruptura institucional activa los protocolos de control político y jurídico del Estado.
Por ahora, la fuente RFI consigna la afirmación del presidente De la Espriella y la presenta como una denuncia de alto voltaje político. Queda pendiente que el Gobierno entregue soportes, que Petro responda de manera pública y que los organismos de control se pronuncien, si reciben alguna solicitud formal derivada de esta declaración.
El país queda a la espera de los siguientes movimientos. La manera en que el Ejecutivo sustente la denuncia, y la forma en que la exmandataria y sus allegados respondan, marcarán el tono de la confrontación política durante las próximas semanas.