El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que en su gobierno desaparecerán la Consejería de Paz y la Consejería de Derechos Humanos, dos dependencias que hacen parte de la estructura del Palacio de Nariño. Según la declaración recogida por Yahoo, el mandatario electo sostuvo que 'se acaba el comisionado para la Paz' y que 'no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno'.
La Consejería de Paz, creada hace varias décadas, ha sido el despacho desde donde se han conducido las conversaciones y los acercamientos con grupos armados ilegales y con organizaciones sociales. Por su parte, la Consejería de Derechos Humanos se encarga de coordinar la política estatal en esa materia, atender alertas tempranas y articular acciones con la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.
Con el anuncio, De la Espriella plantea una reestructuración de alto nivel en la Presidencia. Al suprimir ambas consejerías, las funciones que ellas ejercían deberán reasignarse a otras entidades del Estado, lo que abre interrogantes sobre cuál será el nuevo responsable de la política de paz y de la agenda de derechos humanos durante su mandato.
La decisión contrasta con la tendencia que habían seguido gobiernos anteriores, que mantuvieron estas consejerías activas e incluso las fortalecieron tras los acuerdos con las FARC en 2016. Eliminar ambas dependencias representa un cambio de enfoque frente a los procesos de diálogo y frente al seguimiento de violaciones a los derechos humanos en el país.
Sectores vinculados a la construcción de paz y a la defensa de derechos humanos han advertido en otras oportunidades que el debilitamiento institucional en estas áreas puede afectar la atención a víctimas, la implementación de acuerdos vigentes y la respuesta estatal ante crisis humanitarias en regiones con presencia de grupos armados.
En el plano político, la medida envía una señal sobre las prioridades que tendrá el gobierno entrante. Al descartar la figura del Alto Comisionado para la Paz, el presidente electo descarta también la continuidad de un esquema tradicional de mediación y negociación con actores armados, sin que hasta ahora se haya precisado cuál será el mecanismo que lo reemplace.
La ciudadanía se verá afectada de distintas formas. Las víctimas del conflicto, las organizaciones de derechos humanos y los territorios donde operan grupos armados quedan a la espera de conocer cómo se garantizarán sus derechos y qué dependencia asumirá las tareas que hoy lideran estas consejerías.
Queda pendiente que el gobierno entrante detalle el decreto o el acto administrativo mediante el cual se suprimirán estas entidades, así como el destino de los equipos de trabajo y de los procesos en curso. También será clave definir si las funciones se trasladan a ministerios existentes, a la Vicepresidencia o a una nueva dependencia.
Por ahora, el anuncio marca la primera definición estructural del gobierno de De la Espriella en materia de paz y derechos humanos, un campo sensible que durante décadas ha sido eje del debate público en Colombia y que será determinante en la evaluación de su gestión.