El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el cierre definitivo de las mesas de diálogo que su antecesor, Gustavo Petro, había abierto con distintos grupos armados. La decisión incluye la reactivación de las órdenes de captura y los procesos de extradición contra los integrantes de esas organizaciones, según reportó la agencia Notimérica.
Las mesas de diálogo habían sido una de las apuestas centrales del gobierno de Petro en materia de seguridad. La política buscaba abrir canales de conversación con grupos como el ELN y disidencias de las FARC, bajo la premisa de reducir la violencia mediante acuerdos políticos. Las críticas al modelo incluyeron señalamientos sobre la falta de resultados concretos en materia de desescalamiento.
Con el cierre, el gobierno de De la Espriella vuelve al esquema tradicional de captura y judicialización. La reactivación de extradiciones implica que los miembros de esos grupos que enfrenten procesos en otros países, principalmente Estados Unidos, podrán ser entregados a las autoridades extranjeras para responder por narcotráfico y otros delitos transnacionales.
La medida cambia de forma directa el rumbo de la política de seguridad nacional. Sectores que respaldaban el diálogo critican el cierre por considerar que interrumpe canales que, aunque imperfectos, mantenían alguna interlocución. Sectores que rechazaban las mesas celebran la decisión por retomar la vía de la fuerza y la cooperación internacional en materia judicial.
Para la ciudadanía, el cierre implica un cambio en las condiciones de seguridad en zonas donde los grupos armados tienen presencia. En regiones con presencia del ELN y disidencias, los habitantes han vivido de manera directa los efectos del conflicto armado, incluidas restricciones a la movilidad, amenazas y enfrentamientos. El fin del diálogo puede modificar la dinámica de violencia en esos territorios, aunque el sentido del cambio dependerá de cómo avancen las operaciones militares.
En el plano institucional, la decisión marca una ruptura con la línea seguida por la administración anterior en política de paz. El gobierno de Petro había elevado el diálogo a rango de política de Estado en algunos momentos de su mandato, y la administración de De la Espriella asume ahora una postura opuesta, con la captura y la cooperación judicial internacional como ejes centrales de su estrategia contra los grupos armados.
La orden de reactivar capturas y extradiciones ya empieza a ejecutarse por parte de las autoridades competentes. Queda por verse cómo reaccionan los grupos armados a los que se les cerraron las mesas, y si el incremento de las operaciones militares en sus zonas de influencia tendrá un efecto inmediato en los indicadores de violencia. También está pendiente la postura de los países receptores de extradiciones, especialmente Estados Unidos, principal demandante de entregas de cabecillas de organizaciones criminales colombianas.
La noticia sitúa a Colombia ante un punto de inflexión en su política de seguridad. Después de un ciclo de diálogos abiertos con varios grupos armados, el gobierno nacional opta por retomar la ruta de la persecución penal y la cooperación internacional, con lo que el modelo de seguridad colombiano entra en una nueva etapa cuyo alcance se medirá en los próximos meses.