El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, planteó la construcción de diez megacárceles en zonas remotas del país durante su mandato de cuatro años, según reportó el portal Primicias. La iniciativa retoma un modelo penitenciario de gran capacidad que en América Latina se asocia con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que ya había sido discutido en Colombia bajo el nombre de Cárcel del Encuentro.
El medio ecuatoriano Primicias, que publicó la información, recordó que este tipo de recintos de alta seguridad sirvieron como referencia para el proyecto de la Cárcel del Encuentro, una iniciativa que se propuso en Colombia para recluir a detenidos considerados de alta peligrosidad. La idea original buscaba construir un penal con capacidad para miles de internos en una zona apartada, lejos de los centros urbanos donde se concentra la población carcelaria actual.
De la Espriella, en el arranque de su gobierno, incluyó esta propuesta dentro de un paquete de medidas orientadas al sistema penitenciario y a la lucha contra el crimen organizado. La construcción de diez megacárceles supera en escala al proyecto previo, que contemplaba un solo establecimiento. Cada uno de los diez recintos se ubicaría en zonas remotas, una característica que comparten los penales salvadoreños y que, según sus impulsores, dificulta la comunicación entre los internos y sus redes criminales externas.
El modelo Bukele, como se conoce en la región, se caracteriza por edificios de gran tamaño, regímenes de aislamiento estricto y ubicación en áreas de difícil acceso. Colombia ya enfrentó debates sobre la constitucionalidad de estos esquemas, en particular sobre las condiciones de reclusión y los derechos de los presos. Expertos en política penitenciaria han advertido que la lejanía geográfica puede agravar los problemas de acceso a servicios de salud, defensa legal y visitas familiares.
La construcción simultánea de diez penales implica un reto logístico y presupuestal considerable. Colombia arrastra un déficit crónico de cupos en sus cárceles, con niveles de hacinamiento que distintas mediciones han situado entre los más altos de la región. Atender ese déficit es uno de los argumentos que suelen esgrimir los gobiernos que impulsan proyectos de gran capacidad carcelaria, aunque organizaciones de derechos humanos cuestionan si la solución pasa por ampliar plazas o por transformar el sistema de justicia.
Para la ciudadanía, el anuncio abre preguntas concretas sobre dónde se ubicarían los terrenos, cuántos internos podría albergar cada complejo y con qué partidas se financiaría la obra. También queda pendiente definir el régimen interno, los criterios de ingreso y el control judicial sobre condiciones de reclusión, aspectos que suelen concentrar la crítica cuando se adoptan modelos de este tipo.
La reactivación del proyecto se conoce en un contexto de debate regional sobre la efectividad de las megacárceles en la reducción de la criminalidad. Mientras sus defensores atribuyen a estos penales la caída de las tasas de homicidio en El Salvador, sus críticos señalan que se necesitan evaluaciones independientes sobre respeto a los derechos humanos dentro de los recintos. Colombia deberá definir aún el diseño final, la ubicación de los diez complejos y el marco legal que regirá su funcionamiento durante el mandato de De la Espriella.