El Gobierno Nacional declaró la situación de desastre nacional como respuesta a los impactos que el fenómeno de El Niño viene dejando en distintas regiones de Colombia. La decisión quedó registrada en una declaratoria oficial que habilita al Ejecutivo a disponer recursos y aplicar medidas especiales, según reportó Pulzo.
Con la declaratoria, las autoridades pueden activar planes de contingencia con mayor rapidez en sectores sensibles como el abastecimiento de agua, la generación de energía y la producción de alimentos. El marco legal le permite al Gobierno reorientar partidas presupuestales y agilizar contratos para atender la emergencia sin necesidad de seguir los procedimientos ordinarios.
Las disposiciones tendrán una vigencia de 12 meses, de acuerdo con lo informado por Pulzo. En ese periodo se ejecutarán acciones para mitigar los efectos de las sequías, los incendios forestales y las restricciones en el suministro de agua que suelen acompañar a este fenómeno climático en el territorio colombiano.
El fenómeno de El Niño es un evento climático recurrente que produce el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. En Colombia, su llegada históricamente se asocia con reducciones de las lluvias en buena parte del país, incrementos de temperatura y un mayor riesgo de incendios en la región Andina, Caribe y Orinoquía.
Para los ciudadanos, las medidas buscan reducir el impacto en el acceso a agua potable y en el servicio de energía, dos frentes que tienden a resentirse durante los episodios secos. Las autoridades también podrán intervenir en la cadena de alimentos, con el fin de estabilizar precios y asegurar el suministro en las zonas más afectadas.
La declaratoria también faculta al Gobierno para convocar a entidades territoriales y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta coordinación se enfoca en la atención de emergencias, la entrega de ayudas y la reconstrucción de infraestructura dañada por la temporada seca.
En materia de energía, el fenómeno suele presionar la generación hidroeléctrica, que depende del caudal de los ríos. Ante la menor disponibilidad de agua, el sistema puede requerir un mayor uso de plantas térmicas, lo que tiende a trasladar costos al precio de la energía que pagan los usuarios finales.
Desde el punto de vista agrícola, los productores de cultivos de pancoger y de café, así como los ganaderos, suelen ser los más golpeados durante estos episodios. Por eso la declaratoria abre la puerta a créditos blandos, alivios financieros y programas de apoyo al campo que se financian con los recursos extraordinarios activados por la emergencia.
Queda por conocer el contenido detallado del decreto y la hoja de ruta específica que trazará el Gobierno durante los próximos meses. Sectores como el de servicios públicos, el agropecuario y el ambiental estarán atentos a los actos administrativos que complementen la declaratoria.
La decisión marca un nuevo capítulo en la respuesta institucional frente a los efectos del cambio climático en el país, en un momento en el que los eventos climáticos extremos son cada vez más recurrentes. Por ahora, la prioridad del Gobierno es atender las zonas que ya registran desabastecimiento y prevenir que la crisis se extienda a más regiones.