El presidente Abelardo De la Espriella lanzó una orden directa de deportación contra los inmigrantes irregulares que se encuentren en Colombia. La instrucción quedó registrada en una declaración recogida por el medio Voz, donde el mandatario no dejó espacio a la ambigüedad.
“¡Deportados! Es una orden presidencial que se debe empezar a cumplir esta misma semana. No voy a aceptar a migrantes ilegales, de donde sea que vengan”, expresó De la Espriella, según la fuente. Con esa frase, el jefe de Estado fijó un plazo inmediato y un alcance general, sin distinguir nacionalidades.
Dentro del mismo pronunciamiento, el presidente estableció un orden de prioridades. “Primero los que están cometiendo delitos”, señaló, lo que coloca a las personas señaladas de actividades ilícitas al frente de la lista de expulsión. La declaración no detalla, según el extracto disponible, qué autoridad queda a cargo de ejecutar los operativos ni los criterios para identificar a los demás irregulares.
Colombia recibe desde hace años flujos migratorios significativos, en especial de Venezuela, país con el que comparte una frontera de más de 2.200 kilómetros. Migración Colombia, la entidad oficial del Estado encargada del registro y control migratorio, es la que suele liderar este tipo de procedimientos en coordinación con la Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La medida llega en un momento de presión regional por el manejo de la migración irregular. Gobiernos de distintos países de América han endurecido sus políticas migratorias, y el discurso de De la Espriella se inscribe en esa línea, con un mensaje explícito de mano firme. La instrucción presidencial pone a las autoridades migratorias ante el reto de traducir la orden en procedimientos administrativos y operativos concretos.
En la práctica, las deportaciones en Colombia requieren el cumplimiento de protocolos que incluyen la verificación de identidad, la notificación al consulado del país de origen y el respeto al debido proceso. Expertos en derecho migratorio consultados en otras ocasiones han señalado que esos pasos no se pueden omitir, incluso cuando existen directrices presidenciales de carácter urgente.
La orden también abre interrogantes sobre el impacto en comunidades de migrantes que viven y trabajan formalmente en el país, algunas con permisos de protección temporal vigentes. Discriminarlas de quienes están en situación irregular será clave para evitar errores que afecten a personas con documentación en regla.
En lo político, el anuncio marca el tono del gobierno de De la Espriella frente al tema migratorio. El uso de la expresión “deportados” como consigna refleja una decisión de comunicar la política con un lenguaje directo, algo que ya había sido anticipado en otras intervenciones del presidente durante su campaña.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado el número estimado de personas que podrían ser afectadas, ni los plazos para cada fase del proceso. La ciudadanía y los organismos de control quedarán atentos a los primeros operativos y al marco normativo que respalde la ejecución de la orden.