El primer bombardeo del gobierno de Abelardo de la Espriella en la región del Catatumbo, zona históricamente afectada por el conflicto armado colombiano, fue puesto en duda por líderes sociales que aseguran que las personas dadas de baja en la operación podrían no ser combatientes, sino civiles, según reportó el portal NODAL.
De acuerdo con la denuncia recogida por NODAL, varias organizaciones sociales de la zona afirmaron que la acción militar podría configurar un nuevo caso de falso positivo. Esta expresión hace referencia a hechos en los que miembros de la Fuerza Pública presentan a civiles como guerrilleros muertos en combate, una práctica que marcó la historia reciente del país.
El Catatumbo, ubicado en el departamento de Norte de Santander, es una de las regiones más complejas del conflicto colombiano. En esta zona han confluido distintos grupos armados y cultivos de uso ilícito, además de violaciones recurrentes a los derechos humanos documentadas por organizaciones nacionales e internacionales.
La región también ha sido escenario de operaciones militares de gran despliegue en años anteriores. La posibilidad de que se repita la práctica de falsos positivos preocupa a los defensores de derechos humanos, que suelen exigir inspecciones exhaustivas y entregas de cuerpos con identificación plena antes de cualquier pronunciamiento oficial.
Habitualmente, cuando surgen denuncias de este tipo, los protocolos militares contemplan el traslado de los cuerpos a Medicina Legal, la identificación plena de los occisos y la apertura de investigaciones disciplinarias y penales. La carga de la prueba, en el debate público, suele recaer tanto en la Fuerza Pública como en los denunciantes.
Las reacciones de los líderes sociales no son las primeras que se producen en el Catatumbo bajo esta administración. La zona, además, ha sido prioritaria en los planes de seguridad del Estado colombiano por su condición de corredor estratégico entre Colombia y Venezuela y por la presencia de economías ilegales.
Para los habitantes de la región, este tipo de alertas se suma a décadas de señalamientos sin resolver. Organizaciones de víctimas y plataformas de derechos humanos han reclamado, en distintas coyunturas, que los falsos positivos no queden en la impunidad y que cada caso sea investigado con transparencia y sanción efectiva.
La denuncia se conoce mientras el nuevo gobierno enfrenta el reto de consolidar su política de seguridad en zonas rurales. La respuesta institucional a este señalamiento, y los resultados de las investigaciones que se abran, serán determinantes para la confianza ciudadana en la fuerza pública en el Catatumbo.
Queda por ver si el Ministerio de Defensa o el comando militar responsable entregan detalles sobre la operación, incluyendo la identidad de los fallecidos y los protocolos aplicados. La sociedad civil, según el reporte, exigirá veedurías independientes para esclarecer lo ocurrido.