El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella, avanza en la redacción de un decreto dirigido a los funcionarios públicos que ya devengan una pensión. Según reportó Prensa Mercosur, la iniciativa es impulsada por el vicepresidente José Manuel Restrepo y apunta a revisar la permanencia en el cargo de quienes, al mismo tiempo, reciben ya una mesura pensional.
El anuncio reaviva una discusión que ha aparecido en distintos gobiernos de la región: si una persona que ya cuenta con jubilación debe seguir ocupando un puesto remunerado en la administración. En Colombia, la Constitución y la ley han permitido históricamente que algunos servidores continúen activos tras cumplir los requisitos para pensionarse, aunque con reglas distintas según el régimen aplicable.
La figura del funcionario pensionado que sigue en servicio público no es nueva. En varias entidades del orden nacional y territorial, personas que ya cumplieron los requisitos de edad y semanas cotizadas permanecen en sus cargos, sea por decisión de la administración, por la escasez de perfiles técnicos en ciertas áreas o por la conveniencia de no abrir concursos de mérito cuando hay personal en propiedad.
Un decreto con este contenido tendría repercusiones directas sobre la planta de personal del Estado. Dependiendo de la redacción final, podría obligar a decenas o miles de servidores a solicitar el retiro, a renunciar a la pensión mientras sigan vinculados o a acogerse a alguna figura de transición. El impacto real, sin embargo, solo podrá medirse cuando se conozca el texto definitivo y su ámbito de aplicación.
El impulso del decreto lleva la firma política del vicepresidente Restrepo, un economista que ha ocupado cargos en ministerios del área económica y que, dentro de esta administración, aparece como una de las voces con peso en decisiones de gestión pública. Que la medida se le atribuya a él sugiere que el gobierno busca darle un perfil técnico antes que meramente administrativo.
Para los ciudadanos, el punto sensible está en dos frentes. Por un lado, el servicio que prestan esas entidades, porque un relevo masivo de personal experimentado puede afectar la atención al usuario y la continuidad de proyectos en marcha. Por otro lado, el gasto público, ya que la dupla salario-pensión implica un costo que el gobierno podría querer racionalizar en un contexto de ajuste fiscal.
Otro ángulo del debate es el de los derechos adquiridos. Quienes llevan años cotizando y ya tienen reconocida la pensión suelen considerar que ese derecho es irrenunciable, y cualquier decisión que los obligue a elegir entre el cargo y la mesura pensional puede generar litigios ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El gobierno, por su parte, suele invocar principios de mérito, eficiencia y moralización del servicio público.
La medida también se lee en clave de señal política. En un gobierno que asumió con el reto de mostrar resultados tempranos, sacar a funcionarios pensionados se presenta como un gesto de austeridad y de renovación de la función pública. Los gremios de servidores públicos y las centrales sindicales, en tanto, suelen advertir que el camino para reducir el tamaño del Estado no puede pasar por encima de los derechos laborales.
Por ahora no se conoce el articulado del decreto, ni las excepciones, ni el plazo que se daría a los servidores alcanzados por la norma. Queda pendiente que el gobierno socialice el texto, lo someta a revisión jurídica y explique cómo piensa manejar las situaciones de quienes están próximos a cumplir requisitos de pensión o de quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción.
En resumen operativo: hay una intención declarada por parte del vicepresidente Restrepo y del gobierno de De la Espriella, hay una fuente periodística que la recoge y hay un debate instalado. El siguiente paso natural es la publicación del borrador o del decreto definitivo y, a partir de ahí, el inicio de la discusión en el Congreso, en las cortes y en las organizaciones de servidores públicos.