El Gobierno colombiano expidió un decreto dirigido a regular los mercados de carbono en el país, incluyendo de manera explícita un enfoque de diligencia debida, según reportó el Business and Human Rights Centre. La norma busca poner orden en un sector que venía operando con reglas dispersas y sin una supervisión integral desde el Estado.
Los mercados de carbono son mecanismos mediante los cuales empresas, organizaciones y proyectos venden y compran certificados que representan una tonelada de dióxido de carbono equivalente que se evita o se captura. En Colombia, estos esquemas habían crecido en los últimos años ligados a proyectos de reforestación, conservación de bosques y reducción de emisiones, pero sin un marco normativo que unificara los requisitos para participar en ellos.
Con el nuevo decreto, el Ejecutivo pretende establecer criterios comunes para que los actores que operan en estos mercados demuestren que sus proyectos cumplen con estándares verificables. La diligencia debida implica que las empresas deben evaluar y documentar los riesgos sociales y ambientales asociados a sus proyectos antes y durante su ejecución.
La inclusión del enfoque de diligencia debida es relevante porque los mercados de carbono han sido objeto de cuestionamientos en distintos países por casos de proyectos que ofrecían beneficios ambientales inflados o que afectaban a comunidades locales. En Colombia, distintas regiones han visto llegar proyectos de este tipo, en zonas con presencia de comunidades étnicas y campesinas, lo que ha generado tensiones sobre la tierra y los beneficios derivados de la venta de créditos.
Para las comunidades que habitan en zonas donde se desarrollan proyectos de carbono, la norma abre la posibilidad de contar con garantías más claras sobre la consulta, la participación y la distribución de beneficios. Aunque el decreto aún debe ser evaluado en su articulado completo, el enfoque de diligencia debida suele traducirse en exigencias de transparencia y trazabilidad para los desarrolladores de proyectos.
El sector empresarial también se ve afectado por la nueva regulación. Las compañías que compran créditos de carbono para compensar sus emisiones, tanto dentro como fuera del país, deberán revisar la calidad de los créditos que adquieren y asegurarse de que provienen de proyectos que cumplen con los nuevos requisitos. Esto puede modificar los precios y la disponibilidad de créditos en el mercado colombiano.
Colombia es uno de los países con mayor potencial para proyectos de carbono por su diversidad de ecosistemas, incluyendo bosques andinos, amazónicos y páramos. Sin embargo, la ausencia de una regulación específica había generado incertidumbre entre inversionistas y desarrolladores, al tiempo que organizaciones sociales habían señalado riesgos para los derechos humanos en proyectos mal gestionados.
La expedición del decreto se inscribe en la tendencia internacional de fortalecer la regulación de los mercados voluntarios de carbono, que han crecido de forma acelerada desde la firma del Acuerdo de París en 2015. Organismos como el ICVCM y el ICROA vienen trabajando en estándares de calidad que varios países están adoptando en su legislación interna, una línea en la que ahora se ubica Colombia con esta nueva norma.
Quedan pendientes varios aspectos tras la expedición del decreto. Entre ellos, la publicación del texto completo, la definición de la autoridad encargada de supervisar el cumplimiento y los plazos de adaptación para los proyectos que ya se encuentran en operación. Sectores académicos, empresariales y comunitarios estarán atentos a la implementación efectiva de la medida y a su impacto en la transparencia y la protección de derechos en los territorios donde se desarrollan proyectos de carbono.