El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló en declaraciones recogidas por Impacto News que el programa Colombia Mayor, destinado a entregar subsidios económicos a adultos mayores en condición de pobreza, atraviesa una crisis de financiación. Según sus palabras, hacen falta 3,2 billones de pesos para asegurar la cobertura entre agosto y diciembre de este año.
De la Espriella sostuvo que el programa está "absolutamente desfinanciado" y acusó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de haber desviado los recursos hacia actividades de campaña. La declaración se produjo en un momento de transición, cuando el nuevo gobierno se prepara para asumir el mando y debe evaluar el estado de las cuentas públicas que recibe.
Colombia Mayor es uno de los programas sociales más antiguos del país. Brinda transferencias monetarias periódicas a personas mayores de 65 años que no cuentan con pensión y se encuentran en situación de vulnerabilidad. La mayoría de sus beneficiarios son mujeres en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos, según lo que ha reportado históricamente el Departamento de Prosperidad Social, la entidad que administra el programa.
El anuncio tiene implicaciones directas para cerca de 1,7 millones de adultos mayores inscritos en el programa, de acuerdo con las cifras de cobertura que se han manejado en los últimos años. Un desfinanciamiento pondría en riesgo la entrega oportuna de los subsidios y afectaría a una población que depende de esos recursos para su alimentación, medicamentos y gastos básicos.
De la Espriella asumió el compromiso público de garantizar los pagos durante el segundo semestre, aunque no explicó en esa misma intervención de dónde saldrán los recursos para cubrir el faltante. Esta tarea suele requerir coordinación con el Ministerio de Hacienda, Prosperidad Social y el Congreso, que debe aprobar traslendos presupuestales o partidas adicionales.
El programa se financia con aportes del Presupuesto General de la Nación y, en algunos periodos, con recursos de entidades territoriales. La falta de 3,2 billones de pesos representa un porcentaje significativo del costo anual, lo que sugiere que, de confirmarse, el gobierno entrante deberá gestionar créditos, reasignaciones o cooperación internacional para cerrar el hueco.
La crítica de De la Espriella se inscribe en una narrativa más amplia sobre el manejo de los programas sociales durante el gobierno saliente. Sectores políticos han cuestionado el uso de recursos públicos en eventos proselitistas, mientras que defensores del Gobierno Petro han respondido que las transferencias a adultos mayores se mantuvieron e incluso se ampliaron durante su administración.
Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial del Departamento de Prosperidad Social ni del Ministerio de Hacienda sobre las cifras de desfinanciamiento mencionadas por el presidente electo. Tampoco se ha detallado si el faltante corresponde a recursos ya girados, a pagos futuros o a deudas con operadores del programa.
El tema queda en la mesa de empalme entre los equipos de transición. Las primeras decisiones del nuevo gobierno en materia social podrían pasar por asegurar la continuidad de Colombia Mayor antes de cualquier reforma o rediseño del programa, dado el volumen de personas afectadas y la sensibilidad política del tema entre los votantes mayores.
