El presidente Abelardo de la Espriella informó que Colombia ofrecerá acompañamiento jurídico a los exmilitares colombianos procesados por su presunta participación en el asesinato del expresidente de Haití Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La noticia fue reportada por Diario Las Américas, que reseña la posición del jefe de Estado frente al caso.
De la Espriella pidió además que se esclarezcan las responsabilidades individuales de los acusados. El magnicidio de Moïse, perpetrado en su residencia de Puerto Príncipe, es uno de los episodios más graves de la crisis institucional haitiana y ha derivado en investigaciones en al menos tres países: Haití, Estados Unidos y Colombia, donde se ha acreditado la presencia de ciudadanos con pasado militar.
El caso ha involucrado a un grupo de personas vinculadas en su mayoría a empresas de seguridad privada. Varios de los detenidos en Haití y en otros países han alegado haber sido contratados para tareas de protección y no para una operación que terminó con la muerte del mandatario. La defensa de algunos procesados ha sostenido esa línea desde 2021.
En Estados Unidos, un tribunal federal de Miami ha adelantado el proceso contra varios de los señalados, incluidos ciudadanos haitianos y colombianos. Las audiencias han permitido reconstruir parte de la cadena de decisiones, aunque los organizadores intelectuales del magnicidio no han sido identificados de manera definitiva, según han reconocido las propias autoridades estadounidenses.
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia ordinaria han manejado piezas procesales relacionadas con exintegrantes de la fuerza pública. La decisión del Gobierno de ofrecer asesoría legal abre un frente nuevo: el de la asistencia oficial a ciudadanos investigados en el extranjero, una facultad que suele ejercerse a través de la Cancillería y de la Defensoría del Pueblo.
La solicitud presidencial de esclarecer responsabilidades individuales se produce en un contexto de presión internacional. Haití atraviesa una grave crisis de gobernabilidad, con bandas armadas controlando buena parte de Puerto Príncipe y un Gobierno de transición sin elecciones realizadas desde 2016. El esclarecimiento del crimen de Moïse es considerado por varios Gobiernos una condición para cualquier proceso de estabilización.
La postura del presidente De la Espriella combina dos elementos: respaldo jurídico a connacionales y exigencia de que la justicia determine quién dio las órdenes. Esa doble vía ha sido interpretada como un intento de diferenciar a quienes habrían sido engañados sobre la naturaleza de la misión de quienes habrían tenido un rol activo en la planeación o ejecución del crimen.
El caso mantiene abiertas varias líneas de investigación, entre ellas el rastreo de los recursos que financiaron la operación, las reuniones previas en Colombia, Estados Unidos y Haití, y la posible participación de actores políticos y económicos haitianos. Hasta ahora no se reportan condenas firmes en ninguno de los países que llevan procesos paralelos.
Lo que sigue en el corto plazo depende de las decisiones judiciales en Miami y Puerto Príncipe. Mientras tanto, el ofrecimiento de asesoría legal por parte de Colombia podría convertirse en un punto de tensión diplomática si las autoridades haitianas o estadounidenses lo perciben como un intento de interferencia en sus pesquisas, o como un gesto de protección a sospechosos si la investigación avanza hacia responsabilidades más altas.