El Ejecutivo colombiano trabaja en una propuesta que será presentada ante el Congreso y que apunta a llenar un vacío en el ordenamiento jurídico: la definición legal de qué es una organización terrorista, según informó El Universo.
En Colombia, la legislación antiterrorista ha sido aplicada históricamente a hechos individuales, como atentados o amenazas específicas, pero no a la calificación de estructuras armadas completas como organizaciones terroristas, una figura que existe en otras legislaciones y que ha sido objeto de debate público en los últimos años.
La reforma que se discute en el Ejecutivo llega en un contexto de presiones internas y externas. Organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia, conocidas como AUC, fueron desmovilizadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que contempló beneficios penales a cambio de dejación de armas y colaboración con la justicia.
Esa misma arquitectura legal ha sido cuestionada porque permite que exjefes paramilitares cumplan condenas reducidas, mientras sus organizaciones cometieron delitos de lesa humanidad, masacres y desplazamientos forzados que aún esperan reparación a las víctimas.
De aprobarse, la nueva definición permitiría que la Fiscalía y los jueces puedan imputar a estructuras enteras como organizaciones terroristas, lo que cambiaría el tratamiento penal y abriría la puerta a sanciones más severas para sus integrantes y financiadores.
El texto también establecería criterios para diferenciar estas organizaciones de otros grupos armados, lo que resulta clave porque en el país existen hoy disidencias de las antiguas FARC, bandas narcocriminales y grupos sucesores del paramilitarismo, cada uno con dinámicas distintas.
Sectores de víctimas han pedido durante años que se reconozca el carácter terrorista del paramilitarismo, mientras defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos de una definición amplia que pueda usarse contra protesta social o comunidades étnicas, un debate que probablemente llegará al trámite legislativo.
El proyecto deberá recorrer el camino habitual en el Congreso: debates en comisiones primeras de Cámara y Senado, audiencias públicas y conciliación, un proceso que puede tomar meses antes de convertirse en ley de la República, si logra la mayoría necesaria.