La Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como JEP, es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras el acuerdo de paz de 2016 con las FARC. Su función principal es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.
Según la fuente, la JEP ha facilitado audiencias de reconocimiento de verdad y adelanta investigaciones macro sobre hechos como falsos positivos, secuestros y desapariciones forzadas. Estos procesos agrupan miles de casos por patrones de criminalidad y buscan establecer la responsabilidad de comparecientes tanto de las extintas FARC como de agentes del Estado.
La jurista Ana María Rodríguez, citada por Kaos en la red, analiza la propuesta de acabar la JEP, una idea que ha circulado en sectores políticos que cuestionan los alcances y la duración de esta jurisdicción. El debate se reactivó con la elección del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
La posible eliminación de la JEP tendría efectos sobre los procesos en curso. Las investigaciones macro abiertas, que documentan patrones sistemáticos de violencia, quedarían sin un tribunal especializado que conozca estos casos dentro del marco de la justicia transicional acordado en La Habana.
Otro aspecto sensible son loscomparecientes que han firmado actas de compromiso y se han sometido a los procesos de la JEP. El cierre de la jurisdicción abriría interrogantes sobre el destino de las sanciones propias, las sanciones alternativas y los beneficios concedidos a quienes han comparecido ante esta instancia.
Para las víctimas, la JEP representa un camino de acceso a la verdad y a la reparación distinto al de la justicia ordinaria. Las organizaciones de víctimas han subrayado en distintos escenarios la importancia de mantener los espacios institucionales donde se documentan los hechos y se escuchan los testimonios.
En el plano institucional, disolver la JEP requeriría reformas legales de fondo e implicaría decisiones del Congreso o de la Corte Constitucional, dado que la jurisdicción fue creada como un mecanismo especial con garantías de competencia e independencia.
El debate también toca el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. La JEP ha sido presentada ante organismos internacionales como una herramienta para esclarecer graves violaciones ocurridas durante décadas de conflicto.
Por ahora, la JEP continúa con su calendario de audiencias y decisiones judiciales. La propuesta de acabarla, sin embargo, deja abierta la discusión sobre qué modelo de justicia transicional prevalecerá en los próximos años y cómo se garantizará la verdad a las víctimas.