El Gobierno nacional redujo los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz, según reportó la agencia NotiPress. La decisión se conoció en medio de cuestionamientos del Ejecutivo sobre el uso de los recursos del tribunal y los resultados obtenidos hasta ahora en los macrocasos abiertos.
Desde el Ejecutivo se ha planteado que la asignación presupuestal debe revisarse a la luz del desempeño institucional. El argumento oficial sostiene que la JEP no ha avanzado con la celeridad esperada en la resolución de los expedientes a su cargo, especialmente en los casos relacionados con comandantes de antiguas guerrillas y responsables de violencia sistemática.
El presidente Abelardo de la Espriella descartó que la medida constituya una represalia contra el tribunal. Según sus declaraciones, el ajuste responde a una política de austeridad y a la necesidad de redirigir recursos hacia sectores considerados prioritarios dentro del plan de gobierno.
La Jurisdicción Especial para la Paz respondió que el recorte podría afectar su capacidad operativa. La JEP señaló que una disminución presupuestal comprometería tareas en curso como la toma de versiones, la elaboración de informes y los procesos de reparación colectiva a las víctimas del conflicto armado.
La JEP fue creada como uno de los componentes centrales del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado en los diálogos de La Habana con la extinta guerrilla de las FARC. Su mandato incluye investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del conflicto armado interno.
El presupuesto de los tribunales de paz depende de partidas asignadas por el Ministerio de Hacienda y tramitadas ante las comisiones económicas del Congreso. Cualquier modificación significativa suele requerir ajustes en las leyes de apropiaciones presupuestales vigentes o en decretos de aplazamiento de gastos.
Organizaciones de víctimas y sectores defensores de los acuerdos de paz han expresado preocupación por el impacto que pueda tener la reducción de fondos en los derechos de quienes esperan verdad y reparación. También han pedido al Gobierno garantizar la sostenibilidad financiera del tribunal.
La discusión se produce en un contexto de revisión general del gasto público y de tensiones entre el Gobierno y los organismos surgidos del Acuerdo de Paz de 2016. Queda por verse si la medida presupuestal se mantiene durante el trámite legislativo o si la JEP logra recursos adicionales en el debate del presupuesto de la próxima vigencia.
Según NotiPress, el cruce de versiones entre el Gobierno y la JEP abrió un nuevo capítulo en el debate sobre el equilibrio entre la disciplina fiscal y la continuidad de los procesos de justicia transicional en Colombia.