El Diario Río Negro reportó que Colombia se prepara para reabrir el debate sobre el fracking bajo el nuevo gobierno. La técnica de fracturamiento hidráulico, que en su momento generó fuertes controversias ambientales y sociales, vuelve a la mesa de discusión en el marco del nuevo periodo presidencial.
De acuerdo con la fuente, más allá de la voluntad política que pueda expresar el nuevo gobierno, la implementación del fracking enfrenta importantes condicionamientos legales. Esto significa que cualquier decisión del Ejecutivo debesortear previamente los marcos normativos vigentes y las decisiones judiciales que han marcado la actividad extractiva en el país.
El fracking fue suspendido en Colombia mediante decisiones administrativas y judiciales durante los últimos años. La Ley 2099 de 2021, conocida como Ley de Transición Energética, prohibió expresamente la utilización de esta técnica en el territorio nacional como parte de los compromisos de descarbonización y lucha contra el cambio climático.
A esa prohibición se sumaron resoluciones de autoridades ambientales y fallos judiciales que reforzaron la restricción. El Consejo de Estado y la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, relacionada con la protección de la Amazonía y los recursos hídricos, han sido instancias clave en la configuración de ese marco restrictivo.
Desde el punto de vista ambiental, las preocupaciones sobre el fracking se han centrado en el potencial contaminación de fuentes de agua subterránea, la emisión de metano y la sismicidad inducida. Organizaciones de la sociedad civil y comunidades de zonas de interés petrolero han reiterado estos argumentos en escenarios públicos y ante la justicia.
En el plano económico, sectores defensores del fracking han señalado que la técnica permitiría aumentar las reservas de gas y petróleo del país, con impacto directo en la seguridad energética y en los ingresos por exportaciones. Las cifras específicas de reservas recuperables mediante fracking en Colombia no aparecen detalladas en la fuente consultada.
El nuevo gobierno llega al debate en un contexto de transición energética global y de presión por acelerar la sustitución de combustibles fósiles. La decisión de abrir o mantener cerrada la puerta al fracking tendrá repercusiones sobre las comunidades de regiones productoras, sobre los compromisos climáticos del país y sobre la confianza de los inversionistas del sector.
El Diario Río Negro no precisa en el extracto consultado los plazos ni los mecanismos concretos que el gobierno planea utilizar para reabrir la discusión. Queda pendiente conocer si la vía será un proyecto de ley, un decreto reglamentario o una nueva decisión judicial la que determine el rumbo de esta actividad.
Por ahora, el mensaje central de la fuente es claro: la voluntad política del nuevo gobierno choca con un andamiaje jurídico que limita de manera significativa la posibilidad de implementar el fracking en Colombia sin antes modificar leyes y superar los obstáculos judiciales existentes.