La Administración de Abelardo de la Espriella resolvió retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition o ERC), la principal alianza internacional dedicada a la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI. La decisión deja inconclusa la presidencia que el país ejercía desde 2023, cuando asumió ese liderazgo durante el gobierno anterior.
Según reportó EL PAÍS, la Cancillería colombiana transmitió que el retiro no significa “afectación alguna” para las minorías sexuales en el territorio nacional. La dependencia, sin embargo, no ofreció argumentos públicos adicionales sobre las razones de fondo que motivaron la salida del mecanismo multilateral.
La Coalición por la Igualdad de Derechos agrupa a más de cuarenta Estados, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Funciona como un espacio intergubernamental donde los países coordinan políticas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, comparten experiencias legislativas y financian proyectos de protección en regiones donde las personas LGBTI enfrentan violencia o exclusión.
Colombia había asumido la presidencia pro tempore de la ERC en 2023, en el marco del gobierno de Gustavo Petro, como parte de una diplomacia que buscaba reforzar el perfil del país en materia de derechos humanos. Ese liderazgo implicaba organizar la conferencia global del mecanismo y fijar la agenda de trabajo para el período siguiente, tareas que quedaron sin completar tras el cambio de administración.
Para la comunidad LGBTI colombiana y para las organizaciones que trabajan en defensa de sus derechos, el retiro plantea interrogantes sobre la continuidad de la política exterior en este campo. Aunque las normas internas de protección, como las sentencias de la Corte Constitucional sobre matrimonio igualitario y derechos de personas trans, siguen vigentes, los canales multilaterales de cooperación técnica y financiamiento suelen articularse a través de estos espacios.
Desde la Cancillería se insistió en que la determinación responde a criterios de política exterior y no a un giro en el reconocimiento de derechos dentro del país. Funcionarios citados por EL PAÍS calificaron la membresía como “algo del Gobierno Petro” y sostuvieron que no figuraba entre las prioridades estratégicas de la nueva administración, sin detallar qué ejes sustituyen el trabajo que se realizaba en la ERC.
Organizaciones internacionales y aliados tradicionales de Colombia en la promoción de derechos LGBTI han señalado en otras ocasiones que la participación activa en coaliciones como esta fortalece la capacidad de los países para responder a la violencia basada en identidad de género. La salida reduce los espacios formales donde el Estado colombiano dialogaba con otros gobiernos y con agencias multilaterales sobre estas materias.
Queda por esclarecer si el país mantendrá algún tipo de cooperación bilateral con los miembros de la Coalición o si buscará otros escenarios, como el sistema de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para sostener su compromiso con la protección de las minorías sexuales. La Cancillería no informó, hasta el momento, sobre un cronograma de transición ni sobre el destino de los compromisos pendientes desde la presidencia no culminada.