El presidente Abelardo de la Espriella impartió la orden de localizar y expulsar del territorio nacional a los inmigrantes que se encuentren en condición irregular, de acuerdo con lo informado por Euronews. La decisión se conoce bajo el eslogan “Colombianos primero”, que el gobierno ha empezado a usar para identificar su línea en materia de migración.
La instrucción pone a las autoridades migratorias a una tarea de identificación en todo el país. Aunque el reporte no detalla el operativo, la orden presidencial suele traducirse en operativos conjuntos entre Migración Colombia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con presencia reforzada en pasos fronterizos, terminales de transporte y zonas urbanas con alta concentración de población migrante.
Colombia ha sido durante años receptor de población venezolana, y en menor medida de ciudadanos de otros países andinos, caribeños y de África. Las cifras de irregulares han variado según la política de cada gobierno y la situación en los países de origen. En este contexto, la directriz de “Colombianos primero” marca un giro en la forma como se aborda el fenómeno, al colocar la atención sobre la población colombiana y el control del flujo migratorio.
Para los migrantes en situación regular, la medida no cambia su estatus ni sus derechos. La distinción entre regular e irregular resulta clave, porque define quién puede permanecer, trabajar y acceder a servicios, y quién queda sujeto a un proceso de deportación. Las embajadas y consulados de Colombia en la región suelen ser los puntos de información para quienes necesiten actualizar su documentación.
La orden también genera efectos económicos y sociales. Sectores como la construcción, la agricultura, el comercio informal y el servicio doméstico han dependido en buena parte de mano de obra migrante. Una reducción acelerada de esa fuerza laboral, si llega a darse, obligaría a esos sectores a buscar reemplazo entre población local o a ajustar sus costos, con impacto sobre los precios y la producción.
En el plano internacional, la decisión abre interrogantes sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes, como los pactos de la CAN y los acuerdos con Mercosur, así como sobre el tratamiento que se dará a personas de naciones con las que Colombia tiene Convenios de Cooperación Migratoria. El gobierno no descarta, según el lenguaje usado, priorizar a nacionales en áreas sensibles como empleo, salud y educación.
Sectores defensores de derechos humanos y de la población migrante suelen advertir sobre la necesidad de distinguir entre irregulares y personas con vocación de permanencia que esperan una decisión sobre su estatus. También recuerdan que la Constitución prohíbe la expulsión de extranjeros cuando esta pueda atentar contra derechos fundamentales.
A corto plazo, la atención se concentra en dos frentes: los operativos de control y la respuesta institucional, por un lado, y el impacto en la opinión pública y las comunidades de migrantes, por el otro. El alcance final de la medida dependerá de los reglamentos que expida el gobierno, de la capacidad operativa de las entidades encargadas y del comportamiento del flujo migratorio en los próximos meses.
La orden, en suma, fija una directriz política de fondo. Su aplicación efectiva en el territorio es lo que marcará si “Colombianos primero” se traduce en un cambio estructural en la política migratoria del país, o si se trata de un primer paso dentro de una estrategia más amplia que el gobierno deberá detallar en las próximas semanas.
Euronews publicó el reporte que sirve como base de esta nota. Los detalles del cronograma, los recursos dispuestos y los lugares priorizados se conocerán a medida que las autoridades competentes divulguen los planes operativos correspondientes.