Abelardo de la Espriella se posesionó como Presidente de Colombia el viernes 7 de agosto, en un inicio de mandato marcado por el desafío de ordenar las cuentas públicas. Una de sus primeras propuestas públicas apunta a suprimir el impuesto del 4x1.000, conocido formalmente como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), como lo registró El Colombiano.
El 4x1.000 es un tributo que se cobra sobre cada transacción financiera que realizan personas y empresas en el país. Fue creado como una medida temporal, pero se ha prorrogado de manera sucesiva durante más de dos décadas, según el conocimiento general sobre la normativa tributaria colombiana. Su objetivo original era fortalecer la lucha contra la evasión y aportar recursos al sistema de salud.
El Colombiano reportó que solo en 2026 los colombianos ya han pagado 8,4 billones de pesos por este concepto. Esa cifra, acumulada en lo corrido del año, da una idea del peso que el gravamen tiene sobre la actividad económica cotidiana, desde el pago de nóminas hasta las transferencias entre cuentas personales.
La propuesta de eliminar el 4x1.000 se suma al reto general que enfrenta el nuevo gobierno: el elevado déficit fiscal que arrastra Colombia. Un menor recaudo por este impuesto implicaría reorientar las fuentes de ingreso del Estado o ajustar el gasto, una decisión que pasa por el Congreso y por el Ministerio de Hacienda.
Para los ciudadanos, el tributo impacta de forma directa en la operación bancaria diaria. Cada retiro, pago o transferencia en entidades financieras descuenta el 4x1.000, lo que afecta en mayor medida a quienes manejan su dinero en efectivo o mediante movimientos frecuentes, como comerciantes, profesionales independientes y familias de ingresos medios.
En el plano institucional, el gravamen alimenta rubros sensibles del presupuesto nacional. A lo largo de los años se le han asignado destinos específicos dentro del gasto público, por lo que su eliminación total exige definir mecanismos compensatorios para no desestabilizar las finanzas del Estado, según el debate recurrente que ha rodeado esta figura tributaria.
La propuesta del nuevo presidente abre así un debate nacional sobre la prioridad entre aliviar la carga tributaria de hogares y empresas, y mantener el equilibrio de las cuentas públicas. Sectores políticos, económicos y académicos suelen dividirse al evaluar si el beneficio compensa la pérdida de recaudo en un escenario de déficit elevado.
Por ahora, la iniciativa queda planteada como una de las banderas de los primeros días de gobierno. Su trámite efectivo dependerá de la formulación de un proyecto de ley, del aval del Ministerio de Hacienda y de la decisión del Congreso, instancias que deberán evaluar el impacto fiscal y las fuentes alternativas de financiamiento, como lo consignó El Colombiano en su cobertura sobre el inicio del mandato.