Funcionarios del Ministerio de la Igualdad reportaron que, al llegar a la sede de la entidad en la mañana de este lunes, se les negó el acceso al edificio sin una comunicación previa. La denuncia, recogida por Infobae, señala que la orden habría venido directamente de la Secretaría General, el área administrativa que actualmente coordina los trámites de cierre de la cartera.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 como una de las apuestas más visibles del gobierno anterior para atender a poblaciones históricamente marginadas, como mujeres, comunidades afrodescendientes, población LGBTIQ+, personas con discapacidad y víctimas del conflicto. En su corta existencia, la entidad ejecutó programas y firmó convenios con territorios y organizaciones sociales en todo el país.
El desmonte de la cartera hace parte de la transición ordenada por el actual gobierno de Abelardo de la Espriella, que desde su llegada a la Casa de Nariño planteó la necesidad de reducir el tamaño del Estado y suprimir entidades que, según el discurso oficial, duplican funciones o no justifican su costo. La liquidación ya había sido anunciada en las primeras semanas de la nueva administración.
La decisión de restringir el ingreso a los funcionarios se interpreta como un paso operativo dentro del proceso de liquidación. Los trabajadores afectados alegan que no recibieron una notificación formal y que, en algunos casos, les fueron retiradas credenciales de acceso o desactivados los permisos de ingreso, lo que les impide continuar con tareas pendientes de entrega y cierre de expedientes.
Para los empleados, el bloqueo genera incertidumbre sobre el pago de salarios, la liquidación de contratos y el reconocimiento de prestaciones sociales. La Ley 909 de 2004 y las normas sobre supresión de entidades del orden nacional establecen plazos y garantías para los servidores públicos vinculados, incluidos procesos de reubicación o retiro con indemnización, según corresponda.
Desde la Secretaría General no se había emitido, al cierre de esta información, un pronunciamiento público detallado sobre las razones del cierre temporal de accesos ni sobre el cronograma de la liquidación. La falta de comunicación oficial ha incrementado la preocupación entre los servidores, que pidieron a la Defensoría del Pueblo y a organizaciones sindicales acompañar el proceso.
Organizaciones sociales y beneficiarios de los programas del ministerio también han expresado preocupación. Varios proyectos en regiones como el Chocó, el Pacífico nariñense y zonas rurales del Caribe dependían de convenios firmados por la entidad, y su continuidad quedó en suspenso tras el anuncio de liquidación. La incertidumbre se suma a la preocupación por la suerte de miles de familias que recibían transferencias o acompañamiento institucional.
El Ministerio de la Igualdad contaba con varias direcciones técnicas y programas emblemáticos, entre ellos la estrategia para la autonomía económica de las mujeres, líneas de atención a víctimas de violencia de género y planes de inclusión productiva. Su supresión abre el debate sobre cuál entidad del Estado asumirá esas funciones y con qué presupuesto.
En las próximas semanas se esperan resoluciones administrativas que definan el cronograma oficial de liquidación, el inventario de bienes, los pasivos laborales y la entidad que recibirá los archivos y procesos en curso. Mientras tanto, los funcionarios afectados evalúan acciones legales para garantizar el respeto de sus derechos laborales y contractuales.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate nacional sobre el rol del Estado frente a la política de igualdad. Defensores de los derechos de las poblaciones atendidas piden que la transición no se traduzca en la eliminación de esas agendas, mientras que el gobierno defiende la necesidad de avanzar en una restructuración que permita, en sus palabras, un manejo más austero y eficiente de los recursos públicos.