Las Comisiones Económicas del Congreso de Colombia decidieron devolver el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia 2027, según se conoció este martes. La decisión se adoptó tras la solicitud del Ministerio de Hacienda, que pidió a esa célula legislativa rehacer el trámite radicado por la administración anterior.
De acuerdo con la información disponible, el ministro de Hacienda expuso ante los congresistas que la propuesta estaba desfinanciada y que contemplaba un reparto desproporcionado de los recursos entre las distintas secciones presupuestales. Con ese argumento, el Ejecutivo pidió el archivo del texto para presentar uno nuevo que se ajuste al marco fiscal vigente.
El presupuesto de cada año es el instrumento mediante el cual el Gobierno define cuánto dinero destinará a sectores como salud, educación, defensa, pensiones e inversión en infraestructura. Las Comisiones Económicas, integradas por las terceras comisiones y las comisiones cuartas de Senado y Cámara, son las encargadas de discutir y aprobar en primer debate ese articulado, antes de que pase a las plenarias.
El proyecto devuelto corresponde a la iniciativa que dejó radicada la administración de Gustavo Petro. El nuevo gobierno, encabezado por Abelardo de la Espriella, recibió ese texto como parte de los compromisos pendientes del cierre fiscal del año anterior. La inconformidad con la estructura del documento fue uno de los primeros reparos que el Ejecutivo en formación planteó en reuniones preparatorias.
La devolución implica que el texto original no continuará su curso en el Congreso. El Ministerio de Hacienda tendrá que radicar un nuevo proyecto de ley de presupuesto para 2027, que deberá considerar el comportamiento esperado de los ingresos corrientes de la Nación, el servicio de la deuda, las transferencias y los montos destinados a inversión social. La elaboración de un presupuesto alterno suele tomar varias semanas de trabajo técnico.
Para los ciudadanos, el efecto inmediato es que la discusión presupuestal de 2027 se trasladará al segundo semestre del año. Cada año, la regla fiscal y la Constitución fijan como fecha límite el inicio de la siguiente legislatura para que el Gobierno presente su propuesta. Un nuevo proyecto radicado en ese plazo mantendría el calendario, aunque los tiempos de debate en el Congreso se acortan.
Sectores como la salud y la educación suelen seguir de cerca el trámite presupuestal porque dependen en buena medida de los recursos girados por la Nación. La modificación de un rubro en la propuesta inicial puede alterar las expectativas de hospitales públicos, universidades, regiones y programas sociales. Por ahora, las partes han evitado pronunciarse sobre cuál sería el nuevo monto global o qué sectores resultarían más afectados.
El trámite en las Comisiones Económicas también había concentrado la atención de analistas fiscales y de organismos como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que en anteriores vigencias han cuestionado la consistencia de los ingresos proyectados. La devolución del proyecto abre un espacio para que el nuevo equipo económico ajuste las cifras al comportamiento reciente de la economía y al marco de gastos de mediano plazo.
El siguiente paso será la radicación formal del nuevo proyecto de ley de presupuesto por parte del Ministerio de Hacienda. Una vez presentado, las Comisiones Económicas tendrán que surtir el estudio en primer debate y remitir el texto a las plenarias de Senado y Cámara para su aprobación final antes del vencimiento de los plazos legales. Mientras eso ocurre, las entidades públicas trabajan con un presupuesto basado en la vigencia anterior.