El presidente electo Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa la idea de otorgarle a Barranquilla el título de capital alterna de Colombia, según reportó Revista Semana. La propuesta implicaría que la ciudad del Atlántico ejerciera funciones de sede gubernamental de manera simultánea o complementaria a Bogotá, algo que hoy no contempla el ordenamiento jurídico del país.
Para que esa idea se materialice se necesitan cambios a la Constitución. La Carta Política de 1991 establece que Bogotá, D.C., es la capital de la República y la sede del gobierno nacional, y concentra las funciones de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, además de la mayoría de los organismos de control y ministerios. Cualquier modificación a ese esquema exige un procedimiento de reforma constitucional con mayorías calificadas en el Congreso.
La figura de capital alterna no tiene un antecedente directo en la historia constitucional colombiana. Otros países de la región han tenido esquemas de sedes alternas o ciudades donde se ubican funciones específicas del Estado, pero en Colombia la discusión apenas empieza a darse en el debate público. La propuesta, por tanto, abre un debate que hasta ahora no tenía trayectoria legislativa.
Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y la cuarta ciudad más poblada del país, según los datos del último censo nacional. Es un puerto sobre el río Magdalena y el mar Caribe, con actividad industrial, comercial y logística relevante. Su designación como capital alterna supondría descentralizar parte del aparato estatal y llevar funciones públicas a la región Caribe, históricamente relegada en la distribución de sedes oficiales.
Para los ciudadanos del Caribe colombiano, la propuesta representa una expectativa de mayor presencia institucional en una zona que durante décadas ha reclamado obras y servicios del nivel central. Sectores políticos y académicos de la región suelen señalar que las decisiones del gobierno se toman desde el interior del país y que las regiones quedan al margen de la planeación nacional. Nombrar a Barranquilla como capital alterna sería, en la práctica, un gesto de descentralización simbólica.
Los críticos de la iniciativa argumentan que el concepto de capital alterna tiene más valor simbólico que operativo. Trasladar sedes ministeriales o del Congreso implica costos logísticos, de infraestructura y de coordinación institucional que, según analistas consultados en distintas oportunidades, harían poco eficiente el funcionamiento del Estado. A eso se suma la duda sobre qué funciones específicas asumiría Barranquilla y cuáles permanecerían en Bogotá.
Otro punto en discusión es el procedimiento. Una reforma a la Constitución puede hacerse por el Congreso, mediante un acto legislativo aprobado por mayoría absoluta en ambas cámaras, o por una Asamblea Constituyente convocada por el pueblo. El gobierno entrante deberá definir cuál de esas rutas toma y si la propuesta se presenta como un proyecto de acto legislativo o como parte de un paquete más amplio de reformas.
Revista Semana plantea además que la propuesta se inscribe en la idea de darle mayor protagonismo a las regiones dentro del proyecto político del presidente electo. Esa línea de trabajo ya se había mencionado durante la campaña, cuando se habló de federalismo y de mayor autonomía para los departamentos. Convertir a Barranquilla en capital alterna sería una de las primeras acciones concretas en ese sentido.
Por ahora, la iniciativa está en fase de propuesta pública. No se conoce un articulado, ni un proyecto de acto legislativo radicado, ni un cronograma para su discusión en el Congreso. Lo que sigue es esperar el pronunciamiento oficial del gobierno electo, los textos que se radiquen y la reacción de las bancadas parlamentarias, que serán las encargadas de darle trámite o archivarlo.