El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto tendrá un costo estimado de $30 billones. La cifra fue dada a conocer por fuentes oficiales y replicada por Pulzo en su más reciente publicación.
Para conseguir esos $30 billones, la administración apuesta por dos mecanismos principales: créditos contingentes, es decir, líneas de crédito que se activan solo si ocurre una catástrofe, y la declaratoria de emergencia económica, una figura que permite al Ejecutivo mover recursos de manera expedita sin pasar por el trámite ordinario del presupuesto.
Colombia ya ha usado antes la figura de emergencia económica tras eventos naturales. La Constitución permite declararla cuando una situación extraordinaria afecta de manera grave el orden económico o social. Esa declaratoria le da al Gobierno herramientas para reasignar partidas y agilizar contratos, aunque también concentra poder en el Ejecutivo por un tiempo limitado.
Los créditos contingentes funcionan distinto a un crédito ordinario. El Estado los contrata con bancos multilaterales o con la banca local, pero solo se desembolsan si se cumple una condición pactada, como un desastre de gran magnitud. La ventaja es que el país paga una comisión por tenerlos disponibles, pero no usa el cupo hasta que la emergencia realmente ocurre.
La reconstrucción tras un terremoto suele contemplar varios ejes: vivienda, vías, acueductos, hospitales, escuelas y conectividad. En sismos recientes en otros países, la etapa de reconstrucción se ha extendido por años, y los costos terminan siendo superiores a las estimaciones iniciales por inflación y por nuevos daños detectados.
Para la ciudadanía, una reconstrucción de $30 billones significa decisiones sobre dónde se priorizan los recursos, cómo se ejecutan las obras y qué tan rápido vuelven los servicios públicos a las zonas afectadas. También implica revisar la deuda pública, pues los créditos contingentes, cuando se activan, suman al saldo de la nación.
En el debate público quedarán sobre la mesa preguntas como el reparto entre Nación, departamentos y municipios, la transparencia en la contratación y los plazos de ejecución. La emergencia económica, además, reduce los controles ordinarios del gasto, lo que suele generar llamados de atención desde los organismos de control y desde el Congreso.
Por ahora, el siguiente paso inmediato del Gobierno es formalizar los mecanismos anunciados y socializarlos con gobernadores y alcaldes de las zonas damnificadas. La reconstrucción completa, según experiencias previas en el país, puede tomar entre cinco y diez años, dependiendo de la magnitud de los daños y de la continuidad de los programas.
Pulzo, medio que publicó los detalles, señaló que el Gobierno irá dando a conocer más información en los próximos días, conforme se concreten los acuerdos con las entidades financieras y se expidan los decretos correspondientes.