En una entrevista con Noticias RCN, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, expuso los lineamientos centrales del Estatuto Antiterrorista, un instrumento legal con el que el gobierno busca reorganizar el tratamiento penal y operativo de los grupos armados que operan en el país. La conversación giró en torno a uno de los puntos más sensibles del proyecto: la categorización de esas organizaciones.
Según explicó el funcionario, la nueva legislación contempla una clasificación de los grupos armados que permitirá diferenciar su nivel de amenaza, su capacidad de acción y su naturaleza. Esa categorización será la base para definir las herramientas con las que el Estado enfrentará a cada organización, desde la persecución judicial hasta la respuesta militar.
El Estatuto Antiterrorista se inscribe en una línea de tiempo marcada por varios intentos previos del Estado colombiano por modernizar el marco contra el terrorismo y el crimen organizado. En las últimas décadas, Colombia ha convivido con estructuras como las disidencias de las antiguas FARC, el ELN, bandas narcoparamilitares y redes delincuenciales locales, lo que ha obligado a actualizar tanto las leyes como la doctrina de seguridad.
Para los ciudadanos, el alcance práctico del Estatuto es directo. Una categorización más precisa de los grupos armados puede traducirse en operativos de seguridad más focalizados, ajustes en los protocolos de protección y cambios en la manera como las Fuerzas Armadas y la Fiscalía priorizan sus investigaciones en los territorios más afectados por la violencia.
El ministerio reconoció que el texto definitivo del estatuto todavía se discute en escenarios técnicos y jurídicos. Lara indicó que el propósito es que la categorización no quede atada a una sola lista cerrada, sino que pueda actualizarse según la evolución de cada organización y su comportamiento en el territorio nacional.
En el debate público sobre seguridad, el tema de cómo se define legalmente a un grupo armado ha sido recurrente. Sectores políticos y académicos han advertido que la forma de nombrarlos y clasificarlos tiene consecuencias en materia de derechos humanos, debido proceso y reconocimiento de víctimas, por lo que la discusión legislativa será clave.
Por ahora, el gobierno concentra su mensaje en que el Estatuto Antiterrorista responde a una necesidad concreta: contar con herramientas legales proporcionales frente a organizaciones que han mutado en su estructura y financiación. El detalle de la categorización, insistió Lara, se conocerá en las próximas etapas de socialización del proyecto.
Queda pendiente conocer el texto articulado completo, los plazos que el gobierno defina para su trámite en el Congreso y las observaciones que formulen partidos, organizaciones de víctimas y organismos de control. La forma en que se cierre esa discusión marcará el alcance real del estatuto en los próximos años.