El presidente Abelardo de la Espriella anunció un nuevo protocolo nacional dirigido a definir la actuación de la Fuerza Pública ante hechos específicos que aún no fueron detallados en el extracto disponible. La medida coloca en el centro del debate el ingreso de la Policía a las universidades, un tema que ha generado tensiones entre los gobiernos nacionales y la comunidad académica en las últimas décadas.
Según reportó El Colombiano, varios rectores del país ya entregaron sus primeras reacciones públicas a la propuesta. Sus declaraciones giraron en torno a la autonomía universitaria, un principio contemplado en la Constitución y en la jurisprudencia colombiana, que limita la intervención de las autoridades en los recintos de educación superior sin el consentimiento de las directivas de cada institución.
El protocolo presidencial todavía no se conoce en su texto completo. La indefinición sobre sus alcances ha llevado a que las universidades pidan claridad antes de pronunciarse de fondo. Rectores consultados por El Colombiano señalaron que esperan conocer los límites de la actuación policial en sus campuses y bajo qué circunstancias se activarían los procedimientos.
El ingreso de la Fuerza Pública a las universidades ha sido un tema sensible desde hechos como los registrados a comienzos del siglo XXI, cuando la Policía entró al campus de la Universidad Nacional en Bogotá y a la Universidad del Valle en Cali. Aquellas intervenciones dejaron un saldo de estudiantes heridos y una huella en la memoria del movimiento estudiantil colombiano.
Ahora, con un nuevo protocolo nacional, el gobierno busca estandarizar el procedimiento en todo el territorio. La idea, según se desprende del anuncio presidencial, es evitar que cada caso se resuelva de manera discrecional y que existan reglas claras para los uniformados y para las instituciones.
Para los rectores, el punto central es cómo se compatibiliza ese protocolo con la autonomía que la Carta Política les reconoce a los centros de educación superior. Varios han planteado que cualquier ingreso policial debería contar con aval de las directivas universitarias y con protocolos de verificación y notificación previa.
La propuesta también abre interrogantes sobre el papel de las autoridades universitarias en la prevención de hechos violentos dentro de los recintos. Algunas instituciones han implementado sus propios esquemas de seguridad interna, en coordinación con la Policía, mientras otras han rechazado cualquier presencia policial permanente.
El Gobierno nacional aún debe expedir los actos administrativos que desarrollen el protocolo, con la participación del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación. Hasta que eso ocurra, las universidades trabajan con sus manuales internos y con los contactos directos en las comandancias regionales.
Queda pendiente la publicación del texto completo del protocolo y la apertura de mesas de diálogo con los rectores, quienes ya pidieron ser escuchados antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas. La discusión se trasladará al Congreso y a los consejos superiores de cada universidad en las próximas semanas.