Comuneros del Sur señaló que su voluntad de sometimiento a la justicia depende de que el gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, expida una Ley de orden público y un piso jurídico que respalde el proceso. Así lo indicó el grupo en un comunicado recogido por la fuente, en el que asegura estar cerca de una desmovilización colectiva.
La petición se conoce en un momento en el que el nuevo gobierno define su política de seguridad y paz. Una ley de orden público, en el marco colombiano, suele ser el instrumento que fija reglas especiales para zonas afectadas por la violencia y permite ofrecer beneficios jurídicos a quienes abandonan la actividad armada.
Comuneros del Sur es una estructura que ha operado en departamentos del sur de Colombia, principalmente en Nariño y Putumayo, vinculada históricamente al tráfico de drogas y a otras economías ilegales. Su presencia ha sido documentada por la fuerza pública y por medios regionales que han reportado enfrentamientos con el Ejército y con grupos rivales en esa zona del país.
La solicitud de un piso jurídico no es nueva en los diálogos con grupos armados en Colombia. En procesos anteriores, las organizaciones han pedido garantías de no extradición, penas alternativas y rutas de reincorporación, condicionando su entrega a que el Congreso o el Ejecutivo aprueben marcos legales específicos.
Para los habitantes de los municipios donde hace presencia el grupo, la noticia genera expectativas. Las comunidades del sur han denunciado durante años los efectos del confinamiento, las minas antipersonal y los desplazamientos forzados que deja la disputa entre estructuras armadas por el control territorial.
El pedido también pone en evidencia un reto para el gobierno de De la Espriella. Definir si avanza por la vía de un sometimiento colectivo, similar al modelo de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, o por otras figuras contempladas en la legislación, requiere coordinación entre las Fuerzas Militares, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.
Hasta ahora no se conoce una respuesta oficial del gobierno sobre la petición. Voceros del Ejecutivo no han confirmado si el proyecto de Ley de orden público será radicado en el Congreso en lo que resta del presente periodo legislativo ni bajo qué condiciones se daría una eventual negociación.
Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han pedido en otras oportunidades que cualquier proceso de sometimiento incluya verdad, reparación y garantías de no repetición. Ese tipo de exigencias suele pesar en la discusión cuando un gobierno evalúa la viabilidad de abrir una mesa formal con un grupo armado.
El siguiente paso, según la fuente, depende de la decisión del gobierno. Si la ley se radica y avanza en el Congreso, Comuneros del Sur podría iniciar un proceso formal de desmovilización. Si no, el grupo advirtió que su voluntad de entregarse queda en suspenso.