Una comunicación informal del gobierno, enviada a través de WhatsApp a un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pidió evitar el uso de la palabra “campesinos” en las comunicaciones oficiales de la entidad. El mensaje, según reveló La Silla Vacía, fue firmado por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (Oigt), un despacho dependiente del Ministerio de Agricultura encargado de supervisar el manejo de los predios rurales del Estado.
La instrucción llegó por un canal no institucional, lo que llamó la atención de los contratistas que la recibieron. El uso de grupos de mensajería instantánea para impartir directrices administrativas no es una práctica regulada formalmente, aunque se ha vuelto frecuente en distintas entidades públicas como herramienta operativa de coordinación interna. En este caso, el conducto elegido fue WhatsApp, una plataforma privada de uso personal y laboral.
La ANT es la entidad responsable de ejecutar la política de tierras del país, incluyendo la formalización, adjudicación y recuperación de predios baldíos y ocupados. La Agencia ha sido escenario de debates recientes sobre el lenguaje empleado para nombrar a las poblaciones rurales, un tema sensible porque define quién es titular de derechos en los procesos de acceso a la tierra. El término “campesino” está reconocido en la legislación colombiana y en jurisprudencia de la Corte Constitucional como una categoría que protege a los trabajadores del campo.
Cambiar o evitar esa palabra tiene implicaciones directas para la población rural, que históricamente ha sido sujeto de políticas públicas con ese nombre. Programas de adjudicación, crédito, asistencia técnica y reconocimiento de derechos dependen, en buena medida, de la identificación del beneficiario. Si el término varía, también puede variar el alcance de las políticas que lo utilizan como criterio de focalización.
La comunicación sugiere un giro en el lenguaje institucional de la Agencia. Aunque no se conoce el texto completo del mensaje, su difusión pública llevó a periodistas y observadores a preguntarse si se trata de una directriz aislada o de una nueva línea oficial. Otros organismos del Estado, como el Ministerio de Agricultura, no se han pronunciado públicamente sobre el contenido ni sobre la conveniencia de la recomendación.
La revelación también reabrió el debate sobre la transparencia y la formalidad de las instrucciones administrativas. En Colombia, los actos de la administración deben comunicarse por canales oficiales, con mecanismos de trazabilidad y respaldo documental. Una sugerencia enviada por un chat privado a contratistas no cumple, por lo general, con esos estándares, lo que podría generar dudas sobre su carácter vinculante.
Por ahora, la ANT no ha emitido un comunicado oficial que confirme, amplíe o rectifique la instrucción. Los contratistas que recibieron el mensaje deben decidir si acogen la recomendación o continúan usando el término “campesinos”, como han hecho históricamente en sus informes. La falta de claridad deja en el aire el alcance real de la sugerencia y abre preguntas sobre quién impartió la orden y con qué propósito.
El episodio deja dos tareas pendientes: precisar si la instrucción es vinculante o simplemente una sugerencia, y definir cómo se articulará el lenguaje oficial de la Agencia frente a una población que lleva décadas siendo llamada “campesina” en la normativa colombiana. Cualquier ajuste en ese vocabulario tendrá consecuencias en la forma como el Estado se dirige a millones de habitantes rurales.