El pasado 27 de agosto, un operativo militar contra disidencias en el municipio de El Retorno, Guaviare, terminó con la muerte de tres menores de edad. El episodio, confirmado por Infobae, es el más reciente de una serie de hechos similares que el medio documentó en un recuento que cubre los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella.
Según la investigación periodística, la cifra acumulada de menores fallecidos en operaciones de las Fuerzas Militares en ese periodo asciende a 107. El número surge de casos registrados por la fuerza pública a lo largo de casi una década de operaciones contra grupos armados ilegales en distintas regiones del país.
El operativo en El Retorno se produjo en una zona históricamente afectada por la presencia de disidencias de las FARC. El Guaviare ha sido escenario recurrente de acciones militares contra estructuras armadas que, según reportes oficiales, reclutan menores para engrosar sus filas. La muerte de civiles, y en particular de menores, en este tipo de operaciones es un tema sensible para las comunidades locales y para los organismos de derechos humanos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y organizaciones como Human Rights Watch han señalado en años anteriores que las operaciones militares deben garantizar la protección de la población civil, incluidos los menores. Estos llamados se intensifican cada vez que se reportan víctimas infantiles en combates o bombardeos contra grupos armados.
El reclutamiento forzado de menores por parte de disidencias, ELN y otras estructuras ilegales es una práctica documentada en Colombia desde hace décadas. Las Fuerzas Militares han incrementado en los últimos años los operativos contra estas organizaciones en departamentos como Guaviare, Caquetá, Putumayo y Meta, zonas donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil.
La muerte de menores en operaciones militares suele abrir investigaciones por parte de la Justicia Penal Militar y, en algunos casos, de la Fiscalía General de la Nación, dependiendo de si se determina que hubo exceso en el uso de la fuerza o si los jóvenes estaban vinculados activamente al grupo armado. El gobierno nacional y los anteriores han expresado de forma reiterada su compromiso con la protección de la infancia frente al conflicto armado.
El recuento de Infobae se inscribe en una preocupación más amplia sobre los efectos del conflicto en la población civil colombiana. Organizaciones internacionales y locales han pedido en múltiples ocasiones protocolos más estrictos para evitar la presencia de menores en zonas de operaciones y para investigar con transparencia cada caso.
El dato cubre tres administraciones distintas, lo que dificulta atribuir la responsabilidad a un solo periodo de gobierno. Sin embargo, el conteo sirve como punto de referencia para evaluar el impacto humanitario de las operaciones contra grupos armados en zonas donde hay población civil, incluidos niños y adolescentes.
Por ahora, no se conoce un pronunciamiento oficial del gobierno de Abelardo de la Espriella sobre el operativo del 27 de agosto en El Retorno. La comunidad y los organismos de control esperan que las investigaciones determinen las circunstancias en las que murieron los tres menores y si el protocolo de protección infantil se aplicó de manera adecuada.