Con la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el sector de hidrocarburos volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el fracking. La posibilidad de explorar y producir yacimientos no convencionales, prohibida en el anterior mandato, regresó al centro de la política energética, según el portal Shale24.
Ecopetrol, la petrolera estatal, anunció un cambio en su presidencia con el nuevo gobierno. La compañía es la principal empresa del sector en el país y participa en la mayoría de los bloques de exploración. Su rol es determinante en cualquier decisión sobre yacimientos no convencionales, tanto por su capacidad técnica como por su participación en la renta petrolera.
Por su parte, la Drummond, empresa carbonífera con operaciones en el Cesar, proyecta perforar en el bloque Cesar-Ranchería hacia 2027. La compañía, de origen estadounidense pero con fuerte presencia en Colombia, ya adeló trámites y estudios en la zona, donde tiene intereses mineros de larga data.
GeoPark, con caja registrada en Colombia, también entró en la conversación. La compañía financia su crecimiento en la cuenca neuquina argentina, conocida como Vaca Muerta, una de las zonas no convencionales más activas del mundo. Su propuesta es trasladar a Colombia la experiencia acumulada en Loma Jarillosa, un bloque neuquino donde la empresa opera.
El actual presidente ejecutivo de GeoPark fue quien, al frente de Ecopetrol en 2022, anunció el repliegue de los pilotos de fracking en Puerto Wilches, Santander. Esa decisión se dio en el marco de la política del gobierno anterior de suspender la exploración no convencional. Ahora, desde el sector privado, ese mismo ejecutivo plantea retomar la experiencia en sentido contrario.
La reactivación del fracking implicaría efectos sobre las regalías, el empleo regional y la matriz energética del país. Las zonas de interés, Cesar y Santander, son departamentos con brechas sociales marcadas, donde la inversión de grandes proyectos suele ser vista como una oportunidad, pero también como un riesgo ambiental. La discusión enfrenta argumentos económicos, técnicos y ambientales que aún están lejos de saldarse.
En el plano institucional, el nuevo gobierno tendrá que definir el marco regulatorio que rija sobre los proyectos no convencionales. El Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales serán piezas clave para viabilizar o frenar los planes de las compañías. Las decisiones que se adopten en los próximos meses marcarán la velocidad con la que avancen los proyectos anunciados.
Por ahora, Ecopetrol y Drummond confirmaron su intención de seguir adelante con sus planes. GeoPark se sumó como un tercer actor con experiencia internacional. El sector aguarda las señales regulatorias del gobierno de De la Espriella para saber si la búsqueda del primer pozo con fracking en Colombia vuelve a ser una prioridad nacional o queda nuevamente en suspenso.
La expectativa ahora se concentra en los anuncios oficiales del nuevo gobierno y en los movimientos corporativos de las empresas interesadas. La competencia entre Ecopetrol, Drummond y GeoPark por adjudicarse un lugar en el primer pozo con fracking es, según la fuente, una de las carreras que se reactivan con la nueva administración.