El Ministerio de Igualdad y Equidad atraviesa un proceso de cierre y liquidación que deja a aproximadamente 600 empleados sin un horizonte claro sobre su situación contractual. Así lo reseña el portal Colombia.com, que titula que esos trabajadores quedan en "veremos" mientras se define el futuro administrativo de la entidad.
La cartera fue creada en 2023 como una de las apuestas centrales del gobierno anterior para articular políticas de equidad de género, inclusión social y atención a poblaciones vulnerables. Su nacimiento respondió al compromiso de darle rango ministerial a temas que antes se tramitaban desde dependencias adscritas a otros ministerios.
Con la decisión de suprimirla, el Estado colombiano reduce su estructura ministerial. Esa clase deliquidaciones suelen implicar el traslado de funciones a otras entidades, la supresión de cargos y la revisión de plantas de personal, un proceso regulado por normas de carrera administrativa y de austeridad del gasto público.
Para los cerca de 600 empleados, el impacto inmediato es la incertidumbre. En escenarios de liquidación ministerial, los trabajadores pueden ser reubicados, vinculados a otras entidades, o enfrentar la terminación de sus contratos, según el tipo de vinculación y las decisiones que adopte el Gobierno nacional en las próximas semanas.
La medida también toca a los usuarios de los programas que dependían del ministerio. Programas de equidad, atención a mujeres víctimas de violencia, inclusión económica y derechos de comunidades históricamente marginadas venían canalizándose a través de esa cartera, por lo que la ciudadanía espera claridad sobre qué entidad asumirá esas tareas.
Organizaciones de derechos humanos y de mujeres han pedido en reiteradas ocasiones que la supresión de una entidad de este tipo no implique la pérdida de capacidades técnicas. El argumento central es que los programas sobreviven por la continuidad de sus equipos, no solo por el nombre del ministerio que los agrupa.
Desde el Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Función Pública suele coordinarse el trámite de supresión de entidades, la revisión de la planta de personal y el pago de liquidaciones. Esos procesos tienen plazos legales y etapas de notificación a los servidores públicos, que en este caso ya estarían en curso.
Quedan varios frentes por resolver. El primero es la situación laboral de los 600 empleados, que incluye contratos de carrera, libre nombramiento y contratación por prestación de servicios. El segundo es la transferencia de programas a otras entidades del orden nacional. El tercero es la respuesta del Gobierno sobre cómo garantizará la continuidad de la política pública de equidad sin la estructura ministerial.
Por ahora, la fuente consultada registra la incertidumbre de los trabajadores y la apertura del proceso de liquidación. El desarrollo de las próximas semanas mostrará si los empleados son reubicados, si se les reconoce indemnización, o si una parte de la planta se reasigna a las entidades que reciban las funciones del extinto ministerio.