El presidente Abelardo de la Espriella dio el primer paso en la construcción de lo que su gobierno denomina un bloque anticorrupción. Para encabezarlo designó a la magistrada Cristina Lombana, quien se desempeña como togada en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, según informó el primer mandatario al anunciar la decisión.
La designación implica que Lombana deberá desvincularse del alto tribunal antes de posesionarse en el nuevo cargo. La Sala de Instrucción es una de las cinco salas especializadas de la Corte Suprema y tiene a su cargo la investigación preliminar de miembros del Congreso, altos funcionarios del Estado y particulares aforados. Su competencia abarca procesos por delitos como peculado, concusión, cohecho y otros asociados a la corrupción administrativa.
Cristina Lombana es abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, con maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Ingresó a la Corte Suprema en 2013 como magistrada auxiliar y llegó a la Sala de Instrucción en 2017, donde ha conocido investigaciones de alto perfil contra congresistas y exfuncionarios. Su trayectoria dentro del órgano de cierre penal la ha vinculado a procesos disciplinarios y penales por hechos de corrupción.
La figura del bloque anticorrupción no tiene un equivalente exacto en la estructura tradicional del Estado colombiano. En las últimas décadas el país ha ensayado distintos modelos para enfrentar la corrupción: la Fiscalía Delegada para la Feudalización Anticorrupción, la Comisión Nacional de Moralización, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y, más recientemente, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, entre otros. Cada uno ha tenido competencias, alcances y resultados distintos en la persecución penal, administrativa y disciplinaria.
Por tratarse de una creación reciente del gobierno, el alcance exacto del bloque anticorrupción dependerá de los actos administrativos y normativos que definan su estructura, funciones y articulación con las entidades de control. Entre los puntos por resolver están si el bloque tendrá funciones de investigación penal, de coordinación interinstitucional, de prevención o de articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría.
La decisión del presidente se conoce en un contexto de debate persistente sobre la efectividad de los mecanismos de lucha contra la corrupción en Colombia. Organismos internacionales como Transparencia Internacional han ubicado al país en posiciones intermedias en sus mediciones de percepción, mientras que veedurías ciudadanas y expertos han señalado la necesidad de reforzar la coordinación entre entidades y reducir la impunidad.
Para los ciudadanos, el cambio de funciones de una magistrada en plena Corte Suprema puede tener implicaciones en la velocidad y el rumbo de investigaciones en curso. La Sala de Instrucción perderá a una de sus integrantes titulares, lo que obliga a la Corporación a reorganizar la distribución de expedientes. Mientras tanto, quienes esperan decisiones en procesos que involucran a aforados deberán esperar a que la nueva titular asuma el cargo y se defina cómo se articulará el bloque con los entes de control.
Quedan varios interrogantes sobre los próximos pasos: el decreto o acto administrativo que formalice la creación del bloque, las competencias específicas que tendrá Lombana, el equipo de trabajo que la acompañará y la fecha exacta de su posesión. También está por verse cómo se resolverá la transición dentro de la Sala de Instrucción y si el reemplazo de Lombana será nombrado por la Corte Suprema o quedará en encargo mientras se surte la elección correspondiente.